Caso Julián Oro Duro: confianza, violencia y una investigación que estremece al país

El mundo del merengue dominicano atraviesa días de consternación luego del violento episodio ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido popularmente como Julián Oro Duro, en Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este. El hecho dejó como víctima mortal a su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, mientras el merenguero resultó gravemente herido y tuvo que ser ingresado en un centro de salud.

Las primeras informaciones de la Policía Nacional indicaron que el artista regresó a su residencia alrededor de la 1:00 de la madrugada y fue sorprendido por individuos que lo agredieron físicamente. Las autoridades reportaron que presentaba lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal. También se informó del despojo de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular.

Sin embargo, conforme han avanzado las investigaciones, han surgido nuevos elementos que muestran un escenario más complejo que el conocido durante las primeras horas.

Personas conocidas habrían tenido acceso a la vivienda

Uno de los datos más relevantes ofrecidos por la Policía Nacional el miércoles 23 de septiembre es que los investigadores señalan a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Yandel”, y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias “Chiquito”, como los hombres que habrían ingresado a la residencia.

Según declaraciones del vocero policial Diego Pesqueira recogidas por Diario Libre, los hombres llegaron aproximadamente a las 5:00 de la tarde y fueron recibidos por Zeneida Castillo. La investigación preliminar sostiene incluso que ella les ofreció comida y que permanecieron en la vivienda durante varias horas. La Policía también informó que algunas de las personas investigadas eran conocidas o de confianza del artista y su esposa.

Este elemento resulta particularmente importante porque cambia parte de la percepción inicial del caso: las autoridades ya no investigan únicamente cómo ocurrió la agresión, sino también las relaciones existentes entre las personas involucradas y las víctimas.

De acuerdo con la versión que Julián Oro Duro habría ofrecido a los investigadores, fue sorprendido cuando llegó a su casa y las luces de la vivienda habían sido apagadas previamente.

Versiones que todavía deben ser comprobadas

Durante las últimas horas también han circulado declaraciones atribuidas a uno de los investigados, quien ha ofrecido su propia versión sobre cómo se habría organizado y ejecutado el hecho. Entre sus afirmaciones aparecen referencias a un supuesto pago de RD$20,000, contactos previos y otras personas que presuntamente tendrían conocimiento de lo ocurrido.

Es fundamental precisar que esas declaraciones son versiones de una persona señalada dentro de la investigación y no equivalen a hechos judicialmente establecidos. Corresponde al Ministerio Público y a los organismos investigadores contrastarlas con evidencias físicas, testimonios, registros telefónicos, cámaras de seguridad y demás elementos probatorios.

La propia Policía ha señalado que la investigación permanece abierta y que serán las evidencias las que permitan determinar cuántas personas participaron y cuál fue la responsabilidad individual de cada una.

Una tragedia que golpea a una familia y al merengue

Más allá de las interrogantes que deberá responder la justicia, existe una realidad irreversible: Zeneida Socorro Castillo perdió la vida y Julián Oro Duro resultó gravemente herido.

El caso ha tenido especial repercusión porque Julián forma parte de una generación de intérpretes que contribuyó al desarrollo del denominado merengue de calle. El artista alcanzó una importante notoriedad durante los primeros años de la década de 2000 y canciones como La cabaña, La cita, El licor, Y te vi y La querida forman parte de su trayectoria. También es hermano del reconocido salsero dominicano Yiyo Sarante.

La tragedia llegó incluso a generar una reacción del presidente Luis Abinader, quien expresó públicamente sus condolencias a la familia de Zeneida Castillo, deseó la recuperación del artista e instó a los responsables a entregarse a las autoridades.

Muchas preguntas todavía esperan respuesta

¿Cómo se planificó el ataque? ¿Cuál fue exactamente el móvil? ¿Cuántas personas participaron? ¿Existió información suministrada desde el entorno cercano de las víctimas? ¿Quién desempeñó cada papel?

Son preguntas legítimas que permanecen abiertas.

En medio de versiones difundidas en medios y redes sociales, resulta necesario permitir que las evidencias determinen la reconstrucción definitiva de los acontecimientos. Una investigación penal no puede descansar únicamente sobre declaraciones de sospechosos ni sobre especulaciones públicas.

El caso de Julián Oro Duro todavía está desarrollándose. Las próximas actuaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional serán determinantes para establecer responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes las evidencias señalen.

Mientras eso ocurre, el merengue dominicano acompaña a uno de sus exponentes en uno de los momentos más dolorosos de su vida, y una familia enfrenta una pérdida que ninguna investigación podrá revertir.

Cronología preliminar del caso

Domingo 20 de septiembre: Según la investigación policial, personas posteriormente señaladas en el caso habrían sostenido una reunión previa. Dos de ellas se habrían dirigido después hacia la residencia de Julián Oro Duro.

Horas posteriores: Zeneida Socorro Castillo habría recibido a personas conocidas y, según la Policía, preparó alimentos y bebidas para ellas.

Madrugada del lunes 21: Julián Oro Duro llegó aproximadamente a la 1:00 de la madrugada a su residencia y fue atacado. Su esposa ya habría perdido la vida.

22 de septiembre: La Policía identificó públicamente a Kevin Dariel Germán Troncoso como uno de los presuntos involucrados.

Madrugada del 23 de septiembre: Kevin Germán se entregó en el destacamento policial de Los Mina acompañado de familiares y del comunicador Rubén Uceta.

23 de septiembre: Las autoridades informaron que tenían tres detenidos y buscaban a Lawrence Mark Liranzo Marcos.

Horas después: Lawrence Liranzo fue arrestado, convirtiéndose en el cuarto detenido informado por las autoridades.

La sociedad espera respuestas, pero sobre todo espera justicia para Zeneida Socorro Castillo.

FERNANDO CASTILLO

Kevin Daniel Germán y Lawrence Mark Liranzo Marcos fueron señalados este miércoles por la Policía Nacional como los presuntos responsables del ataque perpetrado en la vivienda del merenguero Julián Oro Duro, hecho en el que fue asesinada la esposa del artista, Zeneida Castillo.

La información fue ofrecida por el coronel de la Policía Nacional Diego Pesqueira, quien precisó detalles del crimen ocurrido el pasado domingo en el sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Durante una rueda de prensa, Pesqueira, indicó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, Yandel y Chiquito llegaron a la residencia alrededor de las 5:00 de la tarde y fueron recibidos por Castillo, quien incluso les ofreció comida.

Indicó que ambos permanecieron en la vivienda hasta horas de la madrugada en espera de Julián Oro Duro, quien permanece ingresado en un centro de salud por las heridas que recibió. 

Dos eran de confianza

Asimismo, Pesqueira indicó que las investigaciones han establecido que, de los cuatro detenidos por el caso, Phillips Michael Tejeda Vásquez (a) Leandro y Lawrence Mark Liranzo Marcos (a) Chiquito eran conocidos y personas de confianza del artista.

                                                  Rueda de prensa de la P.N. 

Fuente: Diario Libre

Policía identifica a presunto autor en ataque a Julián Oro Duro

 
La Policía Nacional identificó la noche de este martes a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Kevin" o "Yandel", como uno de los presuntos responsable del ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, donde fue asesinada su esposa, Zeneida Socorro, y el artista resultó herido. Le pidió al alegado delincuente "que se entregue".

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que contra Germán Troncoso fue emitida una orden de arresto, al tiempo que las autoridades mantienen una búsqueda activa para localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia.

De acuerdo con las investigaciones de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), Germán Troncoso habría sido una de las personas dos personas que irrumpieron en la vivienda de la pareja, ubicada en el sector Brisa Oriental, Santo Domingo Este, durante la tarde del domingo y la madrugada del lunes. El artista fue agredido cuando llegó a su vivienda a la 1:00 de la madrugada. Su esposa ya había sido ultimad.

"La institución del orden hace un llamado firme y formal a Kevin Daniel Germán Troncoso para que se entregue por la vía que considere de su preferencia, a fin de que responda por los graves hechos que se le imputan y se eviten incidentes mayores"

Señaló además que las autoridades todavía no han podido establecer una conexión entre el sospechoso y otros elementos del caso, aunque aseguró que esa parte de la investigación se encuentra documentada y será presentada ante la justicia cuando corresponde.

Fuente: Diario Libre

Ministerio Público pide prisión preventiva contra 25 imputados en nueva fase del caso Senasa

 
El Ministerio Público depositó a las 11:55 de la noche de este sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas a una nueva fase de la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En el expediente, que consta de 525 páginas, el órgano persecutor solicita prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo.

La solicitud fue depositada por un equipo de fiscales encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, e integrado además por Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

Ortiz explicó que entre los sometidos figuran personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y otros señalados por presuntamente asociarse con estos para ejecutar las maniobras fraudulentas contra la administradora de riesgos de salud estatal.

"Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano, porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo", manifestó.

Fuente: Listin Diario

Caso Senasa 2.0: médicos cobraban por consultas falsas y luego repartían parte del dinero

 

El Ministerio Público sostiene que médicos vinculados al presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) recibían pagos por consultas y procedimientos que los afiliados nunca solicitaron ni recibieron y posteriormente entregaban entre un 40 % y un 60 % de esos recursos a integrantes de la estructura investigada.

La mecánica aparece descrita en la orden judicial que sirvió de base para los allanamientos de la Operación Cobra 2.0-A, ejecutada este viernes y que dejó 28 personas arrestadas en 37 allanamientos.

De acuerdo con el documento, una vez Senasa efectuaba los pagos a los médicos participantes, estos entregaban "en efectivo o mediante transferencias bancarias entre un 40 % y 60 % del monto cobrado" a Ángel Luis Guzmán Vásquez y otros miembros señalados por el órgano acusador.

El Ministerio Público sostiene que algunas de esas transferencias se realizaban sin colocar concepto alguno y otras utilizaban explicaciones que, según los investigadores, buscaban ocultar el origen del dinero.

Entre los conceptos registrados aparecen frases como "pago a san de madre", "San de tu madre" y "pago préstamo Ángel Luis Guzmán"

Datos reales para servicios inexistentes

La investigación sostiene que exempleados de Senasa accedían a información confidencial de afiliados y utilizaban esos datos para solicitar autorizaciones y preparar reclamaciones médicas.

Consultas ginecológicas atribuidas a hombres

Las auditorías practicadas por Senasa también detectaron irregularidades particulares.

En el caso de uno de los médicos investigados, la auditoría identificó "una o varias consultas de medicina especializada en ginecología a afiliados masculinos".

Los hombres contactados, según el expediente, no validaron esos servicios. La auditoría también reportó facturación de servicios no brindados y duplicidad de prestaciones.

En otros casos fueron identificados procedimientos considerados no pertinentes y afiliados que solo reconocían parcialmente los servicios facturados a sus nombres.

Fuente: Diario Libre

Facturas eléctricas más altas y apagones reavivan preocupación en Juan de Herrera y otras comunidades del país

El servicio eléctrico vuelve a ocupar un lugar importante entre las preocupaciones de numerosas familias dominicanas. Durante los últimos meses, usuarios han expresado inquietud tanto por el monto de sus facturas como por las interrupciones del suministro. La situación adquiere especial importancia en comunidades de la provincia San Juan, entre ellas el municipio de Juan de Herrera, donde una interrupción prolongada puede afectar hogares, pequeños negocios, centros educativos y otras actividades cotidianas.

Aunque muchos ciudadanos interpretan el aumento de sus facturas como una subida de la tarifa eléctrica, las empresas distribuidoras aseguran que la tarifa regulada no ha sido aumentada recientemente. El 2 de septiembre de 2026, las EDE informaron que los reajustes tarifarios permanecen suspendidos desde marzo de 2022 y atribuyeron buena parte del incremento observado en las facturas al mayor consumo provocado por las altas temperaturas.

Sin embargo, existe un elemento que puede hacer que una familia termine pagando considerablemente más. Edesur explicó que los usuarios residenciales son facturados por diferentes rangos de consumo. Según la empresa, los consumos de 0 a 200 kWh tienen un precio de RD$6.05 por kWh; de 201 a 300 kWh, RD$8.59; y de 301 a 700 kWh, RD$12.89. Cuando el consumo supera los 700 kWh, se aplica una tarifa de RD$13.09 por kWh a todo el consumo, de acuerdo con la explicación ofrecida por la distribuidora en septiembre de 2026. Por esa razón, pasar de un rango a otro puede provocar un aumento importante en el monto final de la factura, aun cuando la tarifa oficial no haya sido modificada.

Más consumo y también más interrupciones

El problema no se limita a cuánto pagan los usuarios. Las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Electricidad muestran que durante los primeros meses de 2026 aumentó la frecuencia promedio de las interrupciones en el área atendida por Edesur. En enero, la empresa registró un promedio de 12.94 interrupciones mensuales por cliente, mientras que en abril la cifra subió a 17.81. En mayo se situó en 17.37 interrupciones por cliente.

Las cifras corresponden a toda la red de Edesur y no significan que cada usuario de Juan de Herrera haya sufrido exactamente esa cantidad de apagones. No se encontró una estadística oficial mensual publicada con ese mismo nivel de detalle exclusivamente para el municipio. Sin embargo, el portal nacional de circuitos eléctricos identifica a Juan de Herrera dentro de las zonas atendidas por los circuitos SJUA102 y SJUA102E, junto con comunidades como Jínova, Los Montones, Sosa, Mogollón y Cañafistol.

La situación también ha tenido episodios concretos en la provincia. El 5 de junio de 2026, un medio de comunicación local reportó un apagón de más de siete horas que afectó distintas comunidades de San Juan, incluyendo sectores ubicados en la zona de Juan de Herrera. El reporte señalaba que la interrupción se prolongó más de lo inicialmente previsto y generó preocupación entre residentes y comerciantes.

¿Por qué se están produciendo tantas interrupciones?

Edesur atribuye parte de las interrupciones a sobrecargas de la red, mantenimientos correctivos y conexiones ilegales, situaciones que pueden agravarse cuando aumenta significativamente la demanda de electricidad.

El consumo nacional, de hecho, ha alcanzado niveles históricos. Las empresas distribuidoras informaron que el 30 de julio de 2026 la demanda máxima llegó a 4,330.8 megavatios, aproximadamente un 10.4 % más que el máximo señalado para agosto de 2025. Las autoridades relacionan ese incremento, entre otros factores, con las elevadas temperaturas y el mayor uso de aires acondicionados, abanicos y equipos de refrigeración.

Esto crea una situación que resulta especialmente difícil de comprender para muchos usuarios: la factura puede aumentar durante el mismo período en que también se producen interrupciones del servicio. Técnicamente, ambas situaciones no necesariamente se contradicen, porque la factura depende de la energía consumida cuando existe suministro y del rango tarifario alcanzado. Sin embargo, desde el punto de vista de una familia o de un pequeño comerciante, pagar una factura más elevada mientras enfrenta apagones puede convertirse en una carga económica y generar inconformidad.

Juan de Herrera: inversiones, pero continúan los desafíos

Edesur también ha realizado inversiones en Juan de Herrera. En marzo de 2024, la empresa informó sobre la rehabilitación de redes eléctricas, trabajos de iluminación y la apertura de un punto de atención comercial en el municipio. En ese momento indicó que la nueva oficina facilitaría los servicios a unos 7,200 clientes y que las mejoras de redes beneficiarían a alrededor de 300 familias de sectores como Los Billeteros, Berriche y La Rubia.

Estas inversiones muestran que ha existido intervención en la infraestructura local. Sin embargo, los episodios posteriores de interrupciones indican que el reto de ofrecer un servicio estable no ha desaparecido.

Para los habitantes de Juan de Herrera, el debate no debería limitarse únicamente a determinar si técnicamente hubo o no un aumento de tarifa. También plantea preguntas sobre la calidad, estabilidad y costo real del servicio eléctrico que reciben las familias.

¿Por qué una familia puede terminar pagando mucho más por electricidad aun cuando continúa experimentando apagones? ¿Son suficientes las redes actuales para soportar el crecimiento de la demanda? ¿Qué medidas adicionales necesita Juan de Herrera para reducir las interrupciones? ¿Existe suficiente información pública para que los usuarios conozcan las causas y duración de cada apagón? ¿Y cómo pueden garantizarse facturas comprensibles, mediciones confiables y un servicio acorde con lo que pagan los consumidores?

Estas son interrogantes que mantienen abierto el debate sobre uno de los servicios públicos más esenciales para la vida diaria y el desarrollo económico de Juan de Herrera, de la provincia San Juan y de toda la República Dominicana.

FERNANDO CASTILLO

Violencia y atracos recientes reavivan la preocupación por la seguridad ciudadana en República Dominicana

 

Santo Domingo, septiembre de 2026. Durante las últimas semanas, varios hechos de violencia, robos y atracos ocurridos en distintos puntos de la República Dominicana han vuelto a colocar la seguridad ciudadana entre los temas de preocupación de la población. Casos registrados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y Azua muestran situaciones que van desde asaltos para despojar a ciudadanos de motocicletas hasta ataques con armas blancas y robos cometidos por grupos armados.

Uno de los casos recientes ocurrió el 11 de septiembre en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde Josué Méndez Gómez, de 43 años, murió tras recibir un disparo durante un asalto. De acuerdo con el informe policial, dos hombres lo habrían abordado con la intención de despojarlo de la motocicleta en la que se encontraba. Los responsables huyeron y el caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Otro hecho que generó atención ocurrió durante la madrugada del 12 de septiembre en el sector Serrallés, Distrito Nacional. Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, fue perseguido y herido varias veces con un arma blanca cuando llegaba a su residencia. Posteriormente, la Policía informó que había detenido a un hombre de 41 años y señaló que la agresión se habría producido durante un intento de asalto. Según las autoridades, las cámaras de seguridad del Sistema 9-1-1 y otros videos permitieron seguir el recorrido del sospechoso hasta localizarlo en Capotillo.

Hechos violentos también se registran fuera de la capital

La situación no se limita al Gran Santo Domingo. A principios de septiembre, en el sector La Noriega, en Santiago, varios hombres armados protagonizaron un presunto asalto a una vivienda. Cuando miembros de una patrulla mixta de la Policía Nacional y el Ejército acudieron al lugar, los atacantes los encañonaron, les quitaron sus armas reglamentarias y escaparon utilizando incluso la motocicleta de los agentes, según informaciones preliminares publicadas sobre el caso.

En Azua, el 11 de septiembre, un intento de asalto contra una sucursal de una empresa de remesas terminó en una persecución policial. Según la versión de las autoridades, cinco hombres encapuchados y armados habrían intentado cometer el robo; tres murieron en alegados enfrentamientos posteriores con agentes, uno fue detenido y otro era buscado.

También en Azua, un profesor denunció el robo de RD$1 millón, US$5,000 y una pistola que se encontraban dentro de su vehículo. De acuerdo con la denuncia, desconocidos rompieron uno de los cristales mientras el propietario cenaba con su familia la noche del 12 de septiembre.

Estos casos, difundidos ampliamente por medios de comunicación y redes sociales, pueden aumentar la sensación de inseguridad. Sin embargo, para comprender el problema es necesario diferenciar los hechos particulares de las tendencias generales de criminalidad.

¿Más violencia o mayor percepción de inseguridad?

Los datos oficiales presentan una realidad que merece ser tomada en cuenta. La Policía Nacional informó que, al 4 de septiembre de 2026, la tasa acumulada de homicidios se encontraba en 7.39 por cada 100,000 habitantes, por debajo de las cifras reportadas para los mismos períodos de 2025, 2024, 2023 y 2022. El reporte semanal correspondiente también registró cinco homicidios, 34 personas heridas y 563 robos durante el período analizado.

Esto plantea una aparente contradicción: mientras las estadísticas oficiales muestran una reducción de los homicidios, determinados casos violentos siguen provocando temor e inquietud entre los ciudadanos.

Un solo atraco captado por una cámara de seguridad puede circular miles de veces en las redes sociales. La difusión inmediata de videos e imágenes permite conocer hechos que anteriormente podían quedar limitados al lugar donde ocurrieron. Pero esa exposición también obliga a analizar las cifras completas antes de afirmar que todo el país experimenta un aumento generalizado de la violencia.

Las interrogantes que dejan estos acontecimientos

Frente a estos hechos surgen preguntas que van más allá de cada caso individual:

• ¿Qué medidas pueden reducir los atracos antes de que terminen en pérdidas de vidas? ¿Son suficientes el patrullaje, las cámaras de vigilancia y la respuesta policial actual? ¿Por qué algunas personas reinciden después de haber estado involucradas anteriormente en hechos delictivos? ¿Qué papel deben desempeñar la familia, la escuela y las comunidades en la prevención de la violencia? ¿Cómo pueden las autoridades mejorar la seguridad en zonas donde se producen robos frecuentes sin afectar los derechos de los ciudadanos? ¿Existe una diferencia entre la percepción de inseguridad de la población y lo que muestran las estadísticas oficiales?

Responder estas preguntas requiere analizar el problema desde diferentes dimensiones. La delincuencia no depende únicamente de la actuación policial; también intervienen aspectos sociales, educativos, económicos, judiciales y comunitarios.

Un desafío que exige prevención

Los hechos ocurridos recientemente recuerdan que detrás de cada cifra existe una persona, una familia y una comunidad afectada. La reducción de determinados indicadores oficiales constituye información relevante, pero no elimina la necesidad de investigar cada caso, fortalecer la prevención y garantizar consecuencias legales mediante el debido proceso.

La seguridad ciudadana no puede medirse únicamente por la cantidad de personas apresadas después de un delito. También debe evaluarse por la capacidad de evitar que los hechos ocurran.

La interrogante principal permanece abierta: ¿Qué acciones deben fortalecerse para que los ciudadanos puedan desplazarse, trabajar y regresar a sus hogares con una mayor sensación de seguridad? Esa es una discusión que corresponde mantener sobre la base de hechos comprobados, estadísticas y soluciones que involucren tanto a las instituciones como a la sociedad.

FERNANDO CASTILLO