La muerte de Esmeralda Moronta de los Santos ha estremecido a la República Dominicana y ha generado una pregunta que hoy resuena en toda la sociedad: ¿falló el sistema de protección o fue una decisión personal la que marcó su destino? Esmeralda, de 33 años y madre de dos niños, acudió el 13 de mayo de 2026 a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este para denunciar a su expareja, Omar Tejada Guzmán, por amenazas, acoso y rastreo mediante GPS. Temía por su vida y buscó ayuda del Estado.
La ayuda que rechazó
Como parte del protocolo, el Ministerio Público le ofreció ser trasladada a una casa de acogida, un refugio confidencial destinado a proteger a mujeres víctimas de violencia junto a sus hijos. Sin embargo, un acta oficial firmada por Esmeralda establece que decidió no asistir a ese lugar. En el documento también se dejó constancia de que se le explicó que, si rechazaba la protección ofrecida, el Ministerio Público no se responsabilizaba de lo que pudiera ocurrirle. Horas más tarde, Esmeralda fue perseguida por su agresor en las inmediaciones de la fiscalía, intentó huir y refugiarse en un colmado, pero fue alcanzada y asesinada a tiros. Luego, el agresor se quitó la vida.
¿Se cumplió el protocolo?
A simple vista, todo indica que las autoridades actuaron conforme al procedimiento establecido: recibieron la denuncia, escucharon a la víctima, le ofrecieron una medida de protección inmediata y documentaron por escrito su decisión de rechazarla. Desde el punto de vista formal, parecería que el protocolo se cumplió. Sin embargo, este caso demuestra que cumplir con un procedimiento no siempre garantiza que una vida quede realmente protegida.
Cuando una mujer llega a una fiscalía diciendo que teme por su vida, el Estado no solo debe ofrecer opciones, sino también hacer todo lo posible para convencerla de aceptar la ayuda y reforzar las medidas de seguridad si el peligro es inminente. Resulta inevitable preguntarse si, ante un riesgo tan evidente, pudieron adoptarse acciones adicionales, como una vigilancia más estrecha o un acompañamiento más prolongado. Estas interrogantes deberán ser esclarecidas en la investigación ordenada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El miedo también decide
Muchas personas se preguntan por qué una mujer que teme por su vida rechaza una casa de acogida. La respuesta está en la compleja realidad de la violencia de género. El miedo, la dependencia económica, la manipulación psicológica, la presión familiar, el deseo de no alterar la vida de sus hijos y la esperanza de que el agresor cambie influyen profundamente en estas decisiones. No se trata de una elección tomada con tranquilidad, sino bajo un estado de angustia y confusión.
Por eso, responsabilizar únicamente a Esmeralda sería injusto. Ella hizo lo más difícil: denunció y pidió ayuda. Si no aceptó la casa de acogida, probablemente pensó que aún podía controlar la situación o que su agresor no llegaría al extremo de cumplir sus amenazas. Esa es, justamente, una de las trampas más crueles de la violencia: hacer creer a la víctima que todavía tiene tiempo.
Una tragedia que debe dejar lecciones
La historia de Esmeralda Moronta deja una enseñanza dolorosa. El Estado debe seguir fortaleciendo sus mecanismos de protección, pero la sociedad también necesita comprender que las víctimas de violencia no siempre actúan de la manera que, desde afuera, parece más lógica. El miedo paraliza, confunde y lleva a tomar decisiones que luego resultan fatales.
Más que buscar culpables absolutos, este caso obliga a reflexionar sobre la necesidad de un sistema cada vez más humano, persuasivo y eficaz. Esmeralda hizo lo correcto al denunciar, pero eso no bastó para salvar su vida. Y cuando una mujer se atreve a pedir ayuda y aun así termina asesinada, todos como sociedad debemos preguntarnos qué más se puede hacer para que otra historia como esta no vuelva a repetirse.
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| Foto de archivo desu Esmeralda moronta, quien fue asesinada por su expareja, Omar Tejada Guzmán. |
FERNANDO CASTILLO
