Tres mujeres asesinadas en pocos días constituyen una alarma nacional. Ante estos casos, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer deben responder una pregunta concreta. ¿Qué hace el Estado desde el momento en que una mujer pide ayuda hasta que está efectivamente a salvo?
En el caso de Alexandra, el Caribe recogió testimonios según los cuales ella habría acudido a la Fiscalía a denunciar amenazas antes del ataque. En Valverde, un familiar de Rosanny declaró a Diario Libre que existía una orden de alejamiento. Corresponde al Ministerio Público esclarecer si la denuncia se registró y si la orden estaba vigente. Si se confirman esos antecedentes, ¿cómo se evaluó el riesgo?, ¿qué medidas se tomaron y quién tenía a su cargo verificar que se cumplieran? Las familias y el país merecen respuestas.
La protección debe empezar con la primera alerta. Ante amenazas de muerte, acoso persistente o acceso a armas, la Policía y el Ministerio Público deben evaluar el riesgo de inmediato y activar medidas concretas según el caso. Eso puede incluir acompañamiento policial, traslado seguro a una casa de acogida y retiro de armas cuando legalmente corresponda. Cada caso de alto riesgo debe tener una persona responsable de darle seguimiento, con capacidad para coordinar una respuesta también de noche, los fines de semana y en los municipios alejados de las capitales provinciales.
Una orden de protección exige seguimiento. ¿Quién comprueba que se notificó al agresor? ¿A quién puede llamar la mujer si él vuelve a su casa o a su trabajo? ¿Cuánto tarda la Policía en responder? La Procuraduría y la Policía deberían registrar esos tiempos, revisar cada incumplimiento y publicar resultados por provincia sin revelar datos que pongan a las víctimas en riesgo. También deben revisar cada muerte con antecedentes de violencia para identificar fallas, corregirlas y establecer responsabilidades cuando corresponda.
El Gobierno debe financiar equipos especializados, transporte seguro y casas de acogida accesibles para las mujeres y sus hijos. Las familias que han perdido a una mujer también necesitan acompañamiento psicológico y apoyo sostenido, especialmente cuando quedan niñas, niños y adolescentes afectados. A la vez, las escuelas y las organizaciones comunitarias pueden enseñar a reconocer el control, el acoso y las amenazas, y dejar claro que toda persona tiene derecho a terminar una relación.
Alexandra, Jocelyn y Rosanny merecen ser recordadas por sus nombres. Honrar sus vidas exige que las autoridades expliquen qué ocurrió y qué van a corregir. La próxima mujer que diga «tengo miedo» debe salir de la primera atención con un plan de seguridad, una persona responsable de su caso y una vía directa para pedir ayuda si el peligro aumenta.
FERNANDO CASTILLO







