La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada no es solo una tragedia individual; es un espejo incómodo de lo que estamos permitiendo como sociedad. Un hombre trabajador, en medio de una situación de tránsito que pudo resolverse con palabras o con la ley, terminó siendo perseguido, acorralado y asesinado por una turba. Y no en un callejón oscuro, sino frente a un símbolo de justicia. Eso, por sí solo, debería sacudirnos más allá de la indignación momentánea.
El hecho de que sus últimos minutos hayan sido grabados y difundidos masivamente añade otra capa de crudeza: no solo falló la seguridad, también falló la humanidad. ¿En qué momento grabar se volvió más urgente que auxiliar? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando alguien puede desangrarse pidiendo ayuda mientras otros sostienen un teléfono?
Pero más allá del comportamiento individual, aquí hay una responsabilidad institucional que no puede maquillarse con discursos. Las autoridades hablan de “reflexión colectiva” y de que “la violencia no es la vía”, pero eso ya lo sabemos. La pregunta real es: ¿qué se está haciendo —de forma concreta— para evitar que conflictos cotidianos escalen hasta convertirse en ejecuciones públicas?
Porque este caso no es un rayo aislado. Es parte de un patrón preocupante: la normalización de la violencia en las calles, la ausencia de consecuencias inmediatas y la percepción de que la justicia es lenta o distante. Cuando un grupo de personas siente que puede perseguir y matar a alguien sin pensar en el peso de la ley, es porque el Estado ha perdido presencia en ese espacio.
También hay que cuestionar el control o la falta de este, sobre sectores informales del transporte. No se trata de estigmatizar a los motoconchistas, muchos de los cuales son trabajadores honestos, sino de exigir regulación efectiva. ¿Dónde están los mecanismos de identificación, supervisión y sanción? ¿Cómo es posible que una turba se organice con tal rapidez y violencia sin que exista prevención o respuesta inmediata?
El arresto de algunos implicados es necesario, pero no suficiente. La justicia no puede limitarse a reaccionar después de la tragedia. Tiene que anticiparse. Tiene que disuadir. Tiene que estar presente antes de que la sangre toque el pavimento.
No basta con prometer “todo el peso de la ley” después del hecho. Ese peso debió sentirse antes, en forma de prevención, control y educación ciudadana.
Este caso debe marcar un antes y un después, pero no por declaración oficial, sino por acciones reales. Porque si todo se queda en titulares, indignación en redes y discursos institucionales, entonces estaremos condenados a repetir la misma historia… con otro nombre, otra víctima y otra multitud mirando —o grabando— mientras ocurre.
La muerte de Abreu Quezada no solo exige justicia. Exige respuestas. Y, sobre todo, exige que dejemos de normalizar lo inaceptable.
FERNANDO CASTILLO
