Uno de los casos recientes ocurrió el 11 de septiembre en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, donde Josué Méndez Gómez, de 43 años, murió tras recibir un disparo durante un asalto. De acuerdo con el informe policial, dos hombres lo habrían abordado con la intención de despojarlo de la motocicleta en la que se encontraba. Los responsables huyeron y el caso quedó bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Otro hecho que generó atención ocurrió durante la madrugada del 12 de septiembre en el sector Serrallés, Distrito Nacional. Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, fue perseguido y herido varias veces con un arma blanca cuando llegaba a su residencia. Posteriormente, la Policía informó que había detenido a un hombre de 41 años y señaló que la agresión se habría producido durante un intento de asalto. Según las autoridades, las cámaras de seguridad del Sistema 9-1-1 y otros videos permitieron seguir el recorrido del sospechoso hasta localizarlo en Capotillo.
Hechos violentos también se registran fuera de la capital
La situación no se limita al Gran Santo Domingo. A principios de septiembre, en el sector La Noriega, en Santiago, varios hombres armados protagonizaron un presunto asalto a una vivienda. Cuando miembros de una patrulla mixta de la Policía Nacional y el Ejército acudieron al lugar, los atacantes los encañonaron, les quitaron sus armas reglamentarias y escaparon utilizando incluso la motocicleta de los agentes, según informaciones preliminares publicadas sobre el caso.
En Azua, el 11 de septiembre, un intento de asalto contra una sucursal de una empresa de remesas terminó en una persecución policial. Según la versión de las autoridades, cinco hombres encapuchados y armados habrían intentado cometer el robo; tres murieron en alegados enfrentamientos posteriores con agentes, uno fue detenido y otro era buscado.
También en Azua, un profesor denunció el robo de RD$1 millón, US$5,000 y una pistola que se encontraban dentro de su vehículo. De acuerdo con la denuncia, desconocidos rompieron uno de los cristales mientras el propietario cenaba con su familia la noche del 12 de septiembre.
Estos casos, difundidos ampliamente por medios de comunicación y redes sociales, pueden aumentar la sensación de inseguridad. Sin embargo, para comprender el problema es necesario diferenciar los hechos particulares de las tendencias generales de criminalidad.
¿Más violencia o mayor percepción de inseguridad?
Los datos oficiales presentan una realidad que merece ser tomada en cuenta. La Policía Nacional informó que, al 4 de septiembre de 2026, la tasa acumulada de homicidios se encontraba en 7.39 por cada 100,000 habitantes, por debajo de las cifras reportadas para los mismos períodos de 2025, 2024, 2023 y 2022. El reporte semanal correspondiente también registró cinco homicidios, 34 personas heridas y 563 robos durante el período analizado.
Esto plantea una aparente contradicción: mientras las estadísticas oficiales muestran una reducción de los homicidios, determinados casos violentos siguen provocando temor e inquietud entre los ciudadanos.
Un solo atraco captado por una cámara de seguridad puede circular miles de veces en las redes sociales. La difusión inmediata de videos e imágenes permite conocer hechos que anteriormente podían quedar limitados al lugar donde ocurrieron. Pero esa exposición también obliga a analizar las cifras completas antes de afirmar que todo el país experimenta un aumento generalizado de la violencia.
Las interrogantes que dejan estos acontecimientos
Frente a estos hechos surgen preguntas que van más allá de cada caso individual:
- ¿Qué medidas pueden reducir los atracos antes de que terminen en pérdidas de vidas? ¿Son suficientes el patrullaje, las cámaras de vigilancia y la respuesta policial actual? ¿Por qué algunas personas reinciden después de haber estado involucradas anteriormente en hechos delictivos? ¿Qué papel deben desempeñar la familia, la escuela y las comunidades en la prevención de la violencia? ¿Cómo pueden las autoridades mejorar la seguridad en zonas donde se producen robos frecuentes sin afectar los derechos de los ciudadanos? ¿Existe una diferencia entre la percepción de inseguridad de la población y lo que muestran las estadísticas oficiales?
Responder estas preguntas requiere analizar el problema desde diferentes dimensiones. La delincuencia no depende únicamente de la actuación policial; también intervienen aspectos sociales, educativos, económicos, judiciales y comunitarios.
Un desafío que exige prevención
Los hechos ocurridos recientemente recuerdan que detrás de cada cifra existe una persona, una familia y una comunidad afectada. La reducción de determinados indicadores oficiales constituye información relevante, pero no elimina la necesidad de investigar cada caso, fortalecer la prevención y garantizar consecuencias legales mediante el debido proceso.
La seguridad ciudadana no puede medirse únicamente por la cantidad de personas apresadas después de un delito. También debe evaluarse por la capacidad de evitar que los hechos ocurran.
La interrogante principal permanece abierta: ¿Qué acciones deben fortalecerse para que los ciudadanos puedan desplazarse, trabajar y regresar a sus hogares con una mayor sensación de seguridad? Esa es una discusión que corresponde mantener sobre la base de hechos comprobados, estadísticas y soluciones que involucren tanto a las instituciones como a la sociedad.
FERNANDO CASTILLO
