La indecisión supera a todos los candidatos en la más reciente encuesta de ACD Media

 

La más reciente encuesta del Grupo ACD Media vuelve a mover el tablero político de cara a las elecciones presidenciales de 2028. El estudio refleja un liderazgo claro del ministro de Turismo, David Collado, pero también deja al descubierto un dato que podría terminar definiendo el futuro electoral del país: uno de cada cuatro dominicanos aún no sabe por quién votaría.

De acuerdo con el gráfico publicado por ACD Media, ante la pregunta "Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría?", el mayor porcentaje corresponde a quienes respondieron "No sabe/No respondió", con 25.3 %, superando incluso al aspirante mejor posicionado.

En el escenario de candidatos, David Collado encabeza las preferencias con 20.6 %, consolidándose como el político con mayor intención de voto individual y reafirmando el posicionamiento que ha mantenido en distintas mediciones nacionales durante los últimos meses.

La Fuerza del Pueblo coloca a dos de sus principales figuras entre los primeros lugares. Leonel Fernández aparece con 14.5 %, mientras que Omar Fernández registra 12.1 %. La diferencia de apenas 2.4 puntos porcentuales evidencia que el liderazgo opositor continúa dividido entre la experiencia del expresidente y el crecimiento político de su hijo, senador del Distrito Nacional.

Por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo alcanza 6.5 %, apenas dos décimas por encima del comunicador Santiago Matías "Alofoke", quien obtiene 6.3 % sin pertenecer formalmente a una estructura partidaria tradicional. La cercanía entre ambos porcentajes resulta uno de los datos más llamativos del estudio y refleja cómo figuras provenientes de los medios digitales continúan irrumpiendo en el debate político.

Otro dato significativo es que 5.8 % de los consultados afirmó que no votaría por ninguno de los candidatos presentados, mientras que Carolina Mejía registra 3.5 %. El resto de las figuras evaluadas queda por debajo del tres por ciento: Guido Gómez Mazara (1.0 %), Wellington Arnaud (0.6 %), Raquel Peña (0.5 %) y Ramfis Trujillo (0.5 %).

Un electorado todavía abierto

Más allá de quién aparece en primer lugar, la encuesta deja una lectura política importante: la elección aún está lejos de definirse.

Si se suman quienes no saben por quién votar (25.3 %) con quienes no votarían por ninguno (5.8 %), el resultado es que 31.1 % del electorado todavía no tiene una preferencia electoral clara. Esto significa que prácticamente tres de cada diez votantes representan un segmento que cualquiera de las fuerzas políticas podría conquistar durante los próximos dos años.

Esa realidad convierte la campaña de 2028 en una competencia todavía abierta, donde la percepción sobre la economía, la seguridad ciudadana, el desempeño del Gobierno y la selección definitiva de los candidatos podrían modificar significativamente las preferencias actuales.

Las principales conclusiones

• David Collado mantiene el liderazgo individual con 20.6 % de intención de voto.
• El mayor "candidato" sigue siendo la indecisión, con 25.3 % de ciudadanos que aún no definen su voto.
• Leonel Fernández y Omar Fernández continúan siendo las principales figuras de oposición, aunque comparten el respaldo del mismo espacio político.
• Gonzalo Castillo y Santiago Matías aparecen prácticamente empatados, separados por solo 0.2 puntos porcentuales.
• Más del 30 % del electorado permanece sin una decisión firme, un factor que mantiene abierta la competencia presidencial.

En definitiva, la encuesta de ACD Media confirma que David Collado parte como favorito en este momento, pero también demuestra que el escenario electoral dominicano aún está lejos de consolidarse. La elevada cantidad de votantes indecisos y la fragmentación de la oposición indican que, a casi dos años de los comicios, todavía existe un amplio margen para que el panorama político cambie.

FERNANDO CASTILLO

Nuevo Código Penal dominicano: ¿una herramienta contra el delito o una amenaza para la libertad de expresión?

 

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, crece la preocupación entre distintos sectores de la sociedad por varios artículos que podrían afectar derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión, la crítica ciudadana y el ejercicio del periodismo.

La Ley 74-25, promulgada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2025, fue presentada como una actualización necesaria del sistema penal dominicano para enfrentar nuevas formas de criminalidad. Sin embargo, desde su aprobación ha generado un fuerte debate por la inclusión de términos considerados ambiguos y sanciones que, según sus críticos, podrían convertirse en mecanismos de presión contra quienes denuncien, cuestionen o fiscalicen el poder público.

La pregunta que muchos dominicanos se hacen es: ¿estamos ante un Código Penal diseñado para proteger a la sociedad o ante una legislación que podría limitar la voz de quienes tienen el deber de señalar errores, abusos o actos de corrupción?

La preocupación aumentó luego de que organizaciones sociales, periodistas, comunicadores y ciudadanos salieran a las calles para rechazar lo que calificaron como una posible “Ley Mordaza”. Las protestas y cacerolazos registrados en sectores del Gran Santo Domingo reflejan un temor que no debe ser ignorado: que una ley creada para combatir delitos termine afectando derechos conquistados durante décadas.

Ante esta presión, el Poder Ejecutivo sometió al Senado una propuesta de modificación de varios artículos, entre ellos los números 207, 208, 211 y 310, considerados algunos de los más polémicos.

¿Debe una opinión terminar en prisión?

Uno de los mayores debates gira alrededor del delito de difamación establecido en el artículo 208.

La propuesta original contemplaba penas de dos a cinco años de prisión para quienes fueran encontrados culpables de difamar. Aunque el Gobierno plantea reducir la sanción a uno o dos años de cárcel, la pregunta sigue siendo válida: ¿es la prisión la respuesta adecuada para resolver conflictos relacionados con palabras, opiniones o informaciones publicadas?

En una sociedad democrática, la crítica hacia funcionarios públicos, instituciones y figuras de poder debe tener un espacio amplio, porque precisamente esa crítica permite corregir errores y evitar abusos.

Esto no significa que una persona tenga derecho a destruir la reputación de otra con mentiras. La difamación debe tener consecuencias cuando exista una intención clara de dañar con falsedades. Pero convertir el debate público en un terreno donde periodistas, ciudadanos o activistas puedan enfrentar la cárcel puede generar un efecto peligroso: que muchos prefieran guardar silencio por miedo a una denuncia penal.

La Sociedad Dominicana de Diarios ha planteado que estos conflictos deberían resolverse mediante sanciones económicas y mecanismos civiles, no mediante penas de prisión.

La democracia necesita ciudadanos responsables, pero también necesita ciudadanos libres para preguntar, investigar y cuestionar.

El peligro de los términos ambiguos

Uno de los principales cuestionamientos al nuevo Código Penal está relacionado con la utilización de conceptos que podrían tener diferentes interpretaciones.

Cuando una ley penal utiliza expresiones poco claras, existe el riesgo de que su aplicación dependa demasiado del criterio de quienes tienen la responsabilidad de interpretarla.

Y aquí surge otra pregunta: ¿quién garantiza que una norma ambigua no será utilizada mañana contra una persona incómoda para el poder político, económico o institucional?

La historia demuestra que las leyes pueden ser utilizadas de manera distinta a la intención con la que fueron creadas. Por eso, las normas que pueden limitar derechos fundamentales deben tener la mayor precisión posible.

El artículo 310 y el miedo a castigar la protesta

Otro punto de controversia fue el artículo 310 sobre el ultraje.

La versión inicial establecía sanciones contra quienes realizaran gestos, amenazas o enviaran escritos considerados ofensivos contra funcionarios públicos. Para muchos sectores, esta disposición podía convertirse en una herramienta para perseguir expresiones de inconformidad ciudadana.

Aunque la modificación propuesta limita el delito al ámbito judicial, aplicándolo a jueces, miembros del Ministerio Público, alguaciles y otros actores del sistema de justicia, todavía queda el debate sobre los límites entre proteger la autoridad de las instituciones y evitar que se castigue la crítica.

Porque una democracia fuerte no es aquella donde nadie critica a sus autoridades; es aquella donde las autoridades aceptan ser criticadas sin utilizar el poder del Estado para silenciar a quienes cuestionan.

¿Quién protege al ciudadano que denuncia corrupción?

Un aspecto positivo de las modificaciones propuestas está en el artículo 211, que establece que las opiniones y críticas relacionadas con corrupción, políticas públicas o asuntos de interés general no serán consideradas difamación ni injuria cuando estén sustentadas en pruebas o una verificación razonable.

Esta disposición reconoce una realidad fundamental: los funcionarios públicos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio porque manejan recursos, decisiones y responsabilidades que afectan a toda la sociedad.

Sin embargo, también debe analizarse con cuidado el término “verificación razonable”. La justicia deberá establecer criterios claros para evitar que esta expresión termine siendo interpretada de manera restrictiva.

Una ley necesaria, pero con vigilancia ciudadana

República Dominicana necesita un Código Penal moderno, capaz de responder al crimen organizado, la violencia, la corrupción y los nuevos desafíos sociales. Nadie puede negar esa necesidad.

Pero una legislación penal no puede construirse sacrificando libertades esenciales. Una sociedad segura no es solamente aquella donde existen castigos más fuertes; también es aquella donde sus ciudadanos pueden expresarse, denunciar y participar en los asuntos públicos sin temor.

El gran desafío del Estado dominicano será demostrar que este Código Penal no será utilizado para callar voces críticas, sino para garantizar justicia.

Porque una pregunta seguirá presente en el debate nacional:

¿De qué sirve una sociedad con más sanciones si sus ciudadanos tienen miedo de hablar?

La democracia no se fortalece cuando se castiga la crítica; se fortalece cuando se garantiza que la verdad, la denuncia y la opinión puedan existir sin miedo.

FERNANDO CASTILLO

¿Hasta cuándo los dominicanos tendrán más miedo a la Policía que a los delincuentes?

 

La muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de apenas 19 años, ocurrida el pasado viernes 3 de julio en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que miles de dominicanos se hacen cada vez con mayor frecuencia: ¿hasta cuándo la ciudadanía tendrá que vivir con más temor a un abuso policial que a la delincuencia?

Según informó la Policía Nacional, el cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado como el agente involucrado en la muerte del joven, fue entregado al Ministerio Público para que responda ante la justicia. La institución condenó el hecho, aseguró que no tolerará actuaciones contrarias a la ley y reiteró que ningún miembro de sus filas estará por encima del ordenamiento jurídico.

El director general de la Policía Nacional acudió a la vivienda de los familiares de la víctima para expresar sus condolencias y garantizar que el caso será investigado hasta sus últimas consecuencias. De igual manera, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, calificó el hecho como "imperdonable" y afirmó que ningún uniforme puede convertirse en un escudo para la impunidad, asegurando que el agente deberá responder con todo el peso de la ley.

Las declaraciones de las autoridades representan un paso importante, pero para la sociedad dominicana ya no bastan únicamente las palabras. Lo que el pueblo espera son resultados concretos, investigaciones transparentes y sanciones ejemplares que demuestren que el uniforme policial jamás será una licencia para abusar del poder.

Cada caso de violencia policial deja una herida profunda en la confianza ciudadana. Cuando quien porta un arma en representación del Estado termina arrebatando la vida de un ciudadano, no solo se pierde una vida; también se debilita la credibilidad de una institución llamada a proteger y servir.

La República Dominicana necesita una Policía fuerte, profesional y respetada, pero ese respeto no se impone con el miedo, sino con el cumplimiento estricto de la ley, el respeto a los derechos humanos y una conducta ejemplar de cada uno de sus miembros.

Es momento de que este caso no pase a formar parte de una larga lista de expedientes olvidados. La justicia debe actuar con independencia y firmeza, garantizando el debido proceso, pero también imponiendo las sanciones que correspondan si se determina la responsabilidad penal del agente involucrado.

La ciudadanía merece sentirse segura cuando ve a un policía patrullando las calles, no experimentar incertidumbre o temor. Quienes visten el uniforme tienen la enorme responsabilidad de proteger vidas, no de ponerlas en riesgo.

Por respeto a la memoria de Darlin Mercado Reyes, por el dolor de su familia y por todos los dominicanos que anhelan vivir en un país donde prevalezca el Estado de derecho, corresponde exigir que este hecho sea esclarecido con total transparencia y que, de comprobarse la responsabilidad del cabo José Francisco Moreta Heredia, se le aplique todo el peso de la ley.

Solo así comenzará a recuperarse la confianza de una sociedad que reclama, cada vez con más fuerza, una Policía verdaderamente al servicio del pueblo y jamás por encima de la ley.

FERNANDO CASTILLO UREÑA

Del 0.15% al 0.20%: el aumento al impuesto sobre transferencias bancarias reabre el debate sobre el costo de mover dinero en República Dominicana

A partir de este viernes, las transferencias bancarias en la República Dominicana pasarán a pagar un gravamen de 0.20%, en lugar del 0.15% vigente hasta ahora, como parte del paquete de medidas fiscales impulsado por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Aunque el incremento parece pequeño a simple vista —apenas cinco centésimas de punto porcentual—, su impacto puede sentirse tanto en las finanzas de las empresas como en el bolsillo de miles de ciudadanos que realizan transacciones bancarias de manera frecuente.

Un aumento que se multiplica

En términos porcentuales, el impuesto aumenta en un 33.3% respecto a la tasa anterior. Esto significa que, por cada transferencia realizada, el monto retenido será mayor.

Por ejemplo:

• Una transferencia de RD$6,000 pagaba RD$9 con la tasa de 0.15%; ahora pagará RD$12.
• Una transferencia de RD$16,200 pasará de RD$24.30 a RD$32.40.
• Una transferencia de RD$100,000 aumentará de RD$150 a RD$200.
• Una transferencia de RD$1,000,000 pasará de RD$1,500 a RD$2,000.

Si bien para una operación aislada la diferencia puede parecer reducida, para comerciantes, empresas, suplidores y personas que realizan decenas o cientos de transferencias al mes, el costo acumulado puede representar miles de pesos adicionales.

¿Quién terminará pagando el aumento?

La gran interrogante es si el impuesto será absorbido por las empresas o trasladado al consumidor.

Muchos negocios podrían incorporar ese mayor costo dentro del precio final de sus productos y servicios. De ocurrir así, el incremento terminaría afectando indirectamente a toda la población, incluso a quienes realizan pocas transferencias.

También surge otra pregunta: ¿desincentivará esta medida el uso del sistema financiero formal? Algunos analistas consideran que un mayor costo por mover dinero podría incentivar el uso de efectivo o mecanismos alternativos para evitar el pago del impuesto, lo que iría en sentido contrario a los esfuerzos por fortalecer la bancarización y la digitalización de los pagos.

El reto para las pequeñas empresas

Las micro, pequeñas y medianas empresas podrían ser de las más impactadas. Muchos de estos negocios realizan pagos diarios a suplidores, empleados y prestadores de servicios mediante transferencias electrónicas.

En sectores donde los márgenes de ganancia ya son reducidos, cualquier aumento en los costos operativos obliga a replantear presupuestos, ajustar precios o reducir gastos.

La necesidad de transparencia

El Gobierno ha planteado este incremento como parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer los ingresos del Estado. Sin embargo, la ciudadanía también espera respuestas claras.

¿En qué se invertirán los recursos adicionales que recaude este aumento?

¿Se traducirán en mejores servicios públicos, mayor inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura?

¿Existen mecanismos para garantizar que esos fondos sean utilizados con eficiencia y transparencia?

Estas son preguntas legítimas que acompañan cualquier reforma tributaria.

Más allá de cinco centésimas

El debate no gira únicamente en torno al incremento del 0.15% al 0.20%. También pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la presión fiscal que enfrentan ciudadanos y empresas, especialmente en un contexto donde el costo de la vida continúa siendo una preocupación para muchas familias dominicanas.

Las autoridades sostienen que el país necesita mayores recursos para financiar el desarrollo y mantener la estabilidad fiscal. En contraste, diversos sectores consideran que antes de crear o aumentar impuestos debe garantizarse una administración eficiente del gasto público, reducir el desperdicio de recursos y fortalecer los mecanismos de fiscalización.

Lo cierto es que, desde este viernes, cada transferencia bancaria tendrá un costo mayor. Puede parecer una diferencia mínima en una sola operación, pero cuando ese incremento se multiplica por millones de transacciones realizadas cada mes, el impacto económico será significativo tanto para el Estado como para quienes utilizan diariamente el sistema financiero.

FERNANDO CASTILLO

Esmerlyn Valdez hace historia en las Grandes Ligas con su poder ofensivo

El joven pelotero dominicano Esmerlyn Valdez continúa escribiendo su nombre con letras doradas en las Grandes Ligas. El novato de los Piratas de Pittsburgh alcanzó una marca histórica al conectar cuadrangular en cuatro partidos consecutivos, una hazaña que lo coloca entre un grupo muy exclusivo de jugadores en la Era Moderna del béisbol.

Nativo del distrito municipal de Jinova, provincia San Juan, República Dominicana, Valdez se ha convertido en motivo de orgullo para su comunidad y para todo el país, demostrando que el talento dominicano sigue brillando en el mejor béisbol del mundo.

Con su más reciente jonrón, Valdez se convirtió en apenas el tercer novato en la Era Moderna de las Grandes Ligas en lograr cuadrangulares en cuatro juegos seguidos. Además, es solo el sexto jugador desde el año 1900 que conecta jonrones en al menos cuatro partidos consecutivos durante sus primeros 16 encuentros en las Mayores.

La actuación del bateador de los Piratas también quedará registrada en la historia de la franquicia de Pittsburgh. Valdez es apenas el tercer novato de los Pirates en conectar jonrón en cuatro juegos consecutivos, uniéndose a Dick Stuart, quien lo consiguió en 1958, y Garrett Jones, que repitió la hazaña en 2009.

Desde su incorporación al equipo de las Grandes Ligas, Esmerlyn Valdez le ha dado otra vida a los Piratas de Pittsburgh. Su presencia en la alineación ha revitalizado la ofensiva del conjunto, aportando poder, dinamismo y confianza. Cada una de sus actuaciones ha sido determinante para el despertar del equipo, consolidándose rápidamente como una de las figuras más importantes del momento y ganándose el respaldo de la fanaticada.

Con apenas 16 partidos disputados en las Mayores, el dominicano ya ha demostrado que posee el talento y la personalidad para competir al más alto nivel. Su extraordinario inicio de carrera no solo está rompiendo récords, sino que también lo perfila como una de las nuevas estrellas del béisbol de las Grandes Ligas.

FERNANDO CASTILLO

El Gobierno envía misión a Venezuela para asistir a dominicanos afectados por los terremotos

 

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, anunció este sábado el envío de una misión a Venezuela para brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país, luego de los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron parte del territorio venezolano el pasado miércoles.

La delegación, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, ofrecerá asistencia humanitaria a los ciudadanos dominicanos que lo necesiten y facilitará su retorno al país en caso de ser requerido.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de una ciudadana dominicana como consecuencia de los sismos.

Como parte de las acciones de apoyo, el Ministerio de Defensa evacuó el viernes a 12 peloteros dominicanos que integran equipos de la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela. Además, para este sábado está prevista la llegada al país de otros 15 ciudadanos dominicanos.

El Gobierno también habilitó dos centros de acopio en Santo Domingo para recibir donaciones destinadas a las víctimas de la tragedia. En la Base Aérea de San Isidro se recibirán exclusivamente medicamentos, mientras que en la Base Naval 27 de Febrero se acopiarán alimentos no perecederos, agua y bebidas.

Las ayudas serán clasificadas y custodiadas por personal militar y civil especializado antes de ser trasladadas por vía marítima hacia Venezuela.

Fuente: Diario Libre

Milagro entre los escombros: rescatan un bebé 32 horas después de terremotos en Venezuela

 Un bebé recién nacido fue rescatado de un edificio derrumbado, 32 horas después de los dos terremotos que devastaron una ciudad costera de Venezuela. Su madre también fue socorrida.

Un video obtenido por la AFP muestra a los rescatistas trabajando bajo un foco, sobre los escombros, y sacando al bebé entre aplausos la noche del viernes en la ciudad más afectada, La Guaira, al norte de la capital, Caracas.

• Lo pasan con cuidado, envuelto en una manta, de una persona a otra antes de limpiarlo suavemente con pañuelos, según muestra el video.
• De acuerdo con el usuario que publicó las imágenes en redes sociales, el bebé tenía apenas 18 días de nacido y salió ileso tras permanecer atrapado durante 32 hora.