La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica (SDRO) y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Naly Cruz, alzó su voz ante el país para poner rostro humano a uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente: el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA). Para la especialista, el impacto de este entramado no puede medirse solo en cifras millonarias, sino en vidas deterioradas y perdidas mientras los pacientes esperaban tratamientos que nunca llegaron a tiempo.
“Cuando hablamos de la corrupción que costó miles de vidas humanas, no estamos hablando de estadísticas frías ni cifras abstractas”, expresó Cruz. Aclaró que se trata de pacientes oncológicos, personas con cáncer avanzado, enfermedades hematológicas graves y patologías crónicas de alto costo, cuya supervivencia dependía estrictamente de medicamentos y procedimientos continuos.
La especialista subrayó que, aunque no siempre es posible cuantificar con exactitud cuántas personas fallecieron como consecuencia directa de la interrupción de los tratamientos, el daño es innegable. “En oncología, la ausencia de tratamiento no es neutra, mata o acorta la vida”, enfatizó. Según explicó, cuando un medicamento vital se retrasa, la enfermedad avanza sin tregua, acelerando el deterioro del paciente y, en muchos casos, precipitando la muerte.
En el Instituto Oncológico Regional del Cibao, la situación fue crítica. Más de 500 pacientes vieron comprometida su salud mientras esperaban la aprobación de medicamentos de alto costo. No todos fallecieron, pero muchos empeoraron su condición, perdiendo oportunidades valiosas de estabilización o mejora. Casos como el mieloma múltiple y otros cánceres avanzados se vieron especialmente afectados por retrasos prolongados.
Estas denuncias se producen en el marco de la llamada “Operación Cobra”, investigación encabezada por el Ministerio Público sobre la gestión de Santiago Hazim al frente del SENASA. Según el expediente, se habría montado un sistema de desviación de fondos públicos mediante contratos inflados, autorizaciones irregulares y la creación de programas presentados como “innovaciones” de salud pública, que en realidad funcionaron como mecanismos para sacar dinero del Estado y repartir sobornos.
El Ministerio Público estima que el perjuicio económico supera los RD$15,900 millones hasta diciembre de 2024, describiendo la existencia de un “sistema paralelo” para manipular procesos de contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.
El pasado 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis implicados. El magistrado Rigoberto Sena ordenó que el exdirector del SENASA cumpla la medida en la cárcel de Najayo. También fueron enviados a prisión Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo el pedimento del Ministerio Público.
Para Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Operación Cobra marca un precedente histórico. “Es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, afirmó.
Mientras el proceso judicial avanza, las palabras de Naly Cruz resuenan con fuerza: detrás de cada expediente, cada contrato inflado y cada peso desviado, hubo pacientes esperando una oportunidad para seguir viviendo. En este caso, la corrupción no solo vació las arcas del Estado, también dejó salas de hospitales llenas de esperanza rota.
