Justicia a Dos Velocidades: Desigualdad en la Aplicación de la Ley en la República Dominicana

En la República Dominicana, la justicia parece funcionar a dos velocidades. Una es veloz, rigurosa y muchas veces sin espacio para el derecho a la defensa cuando se trata de personas pobres o pertenecientes a sectores vulnerables. La otra, en cambio, es lenta, calculada y meticulosa cuando involucra a figuras poderosas: empresarios, políticos, personas de alto perfil o con influencia social. Esta diferencia ha reforzado la percepción de que, en nuestro país, la justicia no es igual para todos.

Justicia rápida para el pobre

Cuando un ciudadano de escasos recursos se ve envuelto en un delito, la reacción del sistema judicial es casi automática: arresto inmediato, prisión preventiva prolongada, falta de acceso a una defensa adecuada y un juicio que muchas veces termina en condena sin garantía plena del debido proceso. Es común ver cómo jóvenes de barrios marginados pasan años en la cárcel sin sentencia, acusados de delitos menores, mientras sus casos se pierden en el olvido judicial.

Justicia lenta para el poderoso

Por el contrario, si el acusado es un funcionario, empresario o persona con influencias, el proceso cambia por completo. Se aplican todos los recursos legales posibles para ralentizar los casos. Las audiencias se posponen, los expedientes se llenan de tecnicismos, y el "debido proceso" se convierte en una barrera protectora. Muchos de estos casos de alto perfil terminan archivados, prescritos o con sentencias benignas que permiten a los acusados seguir disfrutando de su libertad y privilegios, como si nada hubiese pasado.

Un sistema que castiga la pobreza y protege el poder

Este desequilibrio en la aplicación de la justicia refleja un sistema que no solo es desigual, sino profundamente injusto. La ley debería ser un instrumento para garantizar derechos y corregir abusos, sin importar la clase social, el apellido o el cargo que ocupe una persona. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en una herramienta que castiga la pobreza y protege el poder.

Casos emblemáticos de corrupción han sido engavetados o terminan en impunidad, mientras miles de jóvenes de barrios marginados enfrentan condenas por delitos menores, a menudo sin las garantías procesales mínimas.

¿Un Ministerio Público realmente independiente?

Aunque en los últimos años se ha promovido la idea de que contamos con un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, la realidad que se percibe desde los barrios y comunidades humildes no ha cambiado de manera significativa. El discurso de independencia no se ha traducido en una aplicación equitativa de la justicia. La diferencia en el trato entre ricos y pobres sigue siendo evidente, lo que cuestiona si esa supuesta independencia es real o simplemente una narrativa institucional.

Es innegable que se han llevado a cabo procesos judiciales contra figuras de renombre, pero muchos ciudadanos sienten que esos casos avanzan con lentitud sospechosa, mientras que cualquier joven sin recursos enfrenta todo el peso del sistema penal sin mayor defensa ni oportunidades.

¿Justicia o privilegio?

Esta realidad plantea una pregunta crucial: ¿está diseñada la justicia dominicana para castigar la pobreza y proteger el poder? Si bien el marco legal establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, en la práctica esa igualdad es más teórica que real. Y mientras no exista un cambio profundo, tanto en la estructura como en la voluntad política de aplicar justicia sin excepciones, el sistema seguirá funcionando con ese doble rasero.

El reto de una justicia realmente justa

Lo que el país necesita no es solo un Ministerio Público que diga ser independiente, sino un sistema judicial que actúe con firmeza y equidad, sin importar el estatus social, el apellido ni el poder económico de los involucrados.

La República Dominicana necesita una profunda reforma en su sistema de justicia, no solo en el ámbito legal, sino en su cultura institucional. Es necesario fortalecer una verdadera independencia del Poder Judicial, garantizar el acceso a una defensa justa para todos los ciudadanos y erradicar la impunidad que protege a los poderosos.

Solo así se podrá reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y sentar las bases de una verdadera democracia.

Una verdadera democracia se construye sobre un sistema judicial justo, imparcial y equitativo. La justicia no debe tener rostro, ni clase, ni partido. Debe ser ciega, pero no insensible. Solo así se podrá restaurar la confianza ciudadana y construir una sociedad donde todos, sin importar su condición, puedan tener las mismas oportunidades ante la ley.

La justicia no puede ser un privilegio de clase. Debe ser un derecho garantizado para todos. Y hasta que eso no se logre, seguiremos teniendo una justicia que castiga con rapidez al pobre y protege con paciencia al poderoso.

Sobre el autor:

Fernando Castillo Ureña, es docente e investigador social, con amplia experiencia en temas desigualdad. Ha trabajado en comunidades vulnerables y promueve la equidad como base para una sociedad más justa.