La muerte de Anelsy Ceballos de Jesús, una niña de apenas 13 años, no es solo una tragedia familiar ocurrida en San Francisco de Macorís. Es una herida social que obliga a mirar de frente una verdad incómoda: en República Dominicana existen leyes para proteger la niñez, pero demasiadas veces la infancia queda sola frente a la negligencia de los adultos.
Esta historia no comenzó con los disparos. Comenzó mucho antes, cuando una menor terminó viviendo una realidad que ninguna niña debería experimentar. La convivencia temprana con un adulto, los conflictos, los alegatos de violencia y el conocimiento comunitario de la situación revelan una cadena de omisiones que fue creciendo en silencio hasta convertirse en tragedia.
Las normas del país son claras. La Ley No. 1-21 prohíbe de manera absoluta el matrimonio infantil. A esto se suma la llamada Ley del Menor 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta legislación establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación conjunta de garantizar el desarrollo integral de los menores, su seguridad y su dignidad. No se trata de recomendaciones: son mandatos legales.
Sin embargo, una ley escrita no protege por sí sola. La protección real exige vigilancia social, responsabilidad familiar y acción institucional. Cuando una niña de 11 o 12 años comienza a vivir como adulta y nadie interviene, la ley fue ignorada antes de que el crimen ocurriera. Y cuando la sociedad normaliza esas situaciones bajo el argumento de la costumbre, se convierte en cómplice involuntaria del riesgo.
Desde Actualizada de Jínova, como página informativa comprometida con la conciencia social, fijamos una postura firme ante este caso: la niñez no puede seguir siendo la zona más frágil de nuestras comunidades. Informar no es solo relatar hechos; es asumir una responsabilidad ética. Y esta tragedia exige algo más que titulares: exige reflexión y cambio.
El llamado a las familias es urgente. Proteger a un menor no es exageración ni control excesivo; es un deber moral y legal. La infancia no se adelanta, no se negocia y no se entrega a dinámicas adultas por permisividad o costumbre. Cada niño desprotegido es una alarma encendida que no debe ignorarse.
A las autoridades les corresponde algo igual de claro: la protección infantil debe ser preventiva, no reactiva. La Ley del Menor no puede vivir únicamente en los tribunales; debe sentirse en los barrios, en las escuelas, en los hogares vulnerables. Se necesitan redes de intervención temprana, educación comunitaria y mecanismos eficaces de denuncia que funcionen sin miedo.
La muerte de Anelsy no puede convertirse en un dato más. Debe convertirse en un punto de quiebre. Porque cuando una niña queda atrapada entre violencia, abandono y silencio, el fracaso no es individual. Es colectivo.
Y aquí está lo más doloroso: Anelsy tenía 13 años. Trece. Una edad para soñar, estudiar, reír, descubrir el mundo, no para quedar atrapada en conflictos de adultos ni para morir en medio de ellos. Su ausencia no es solo un número en una estadística; es una silla vacía en una casa, un uniforme escolar que no volverá a usarse, una vida que apenas empezaba.
Que su nombre no se pierda en el ruido de las noticias. Que su historia nos incomode lo suficiente como para cambiar. Porque la verdadera justicia no será solo una sentencia judicial: será construir un país donde ninguna niña tenga que crecer demasiado rápido… y donde ninguna infancia vuelva a terminar así.
Y lo que más mortifica, lo que más duele y estremece, es que Anelsy fue víctima de su propia hermana. Así terminan muchos de estos casos cuando la familia deja de cumplir su función esencial de protección y cuidado. Cuando el hogar falla, la tragedia encuentra el camino. Y cuando la familia no funciona, las consecuencias suelen ser irreparables.
Fernando Catillo
