Aunque el incremento parece pequeño a simple vista —apenas cinco centésimas de punto porcentual—, su impacto puede sentirse tanto en las finanzas de las empresas como en el bolsillo de miles de ciudadanos que realizan transacciones bancarias de manera frecuente.
Un aumento que se multiplica
En términos porcentuales, el impuesto aumenta en un 33.3% respecto a la tasa anterior. Esto significa que, por cada transferencia realizada, el monto retenido será mayor.
Por ejemplo:
- Una transferencia de RD$6,000 pagaba RD$9 con la tasa de 0.15%; ahora pagará RD$12.
- Una transferencia de RD$16,200 pasará de RD$24.30 a RD$32.40.
- Una transferencia de RD$100,000 aumentará de RD$150 a RD$200.
- Una transferencia de RD$1,000,000 pasará de RD$1,500 a RD$2,000.
Si bien para una operación aislada la diferencia puede parecer reducida, para comerciantes, empresas, suplidores y personas que realizan decenas o cientos de transferencias al mes, el costo acumulado puede representar miles de pesos adicionales.
¿Quién terminará pagando el aumento?
La gran interrogante es si el impuesto será absorbido por las empresas o trasladado al consumidor.
Muchos negocios podrían incorporar ese mayor costo dentro del precio final de sus productos y servicios. De ocurrir así, el incremento terminaría afectando indirectamente a toda la población, incluso a quienes realizan pocas transferencias.
También surge otra pregunta: ¿desincentivará esta medida el uso del sistema financiero formal? Algunos analistas consideran que un mayor costo por mover dinero podría incentivar el uso de efectivo o mecanismos alternativos para evitar el pago del impuesto, lo que iría en sentido contrario a los esfuerzos por fortalecer la bancarización y la digitalización de los pagos.
El reto para las pequeñas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas podrían ser de las más impactadas. Muchos de estos negocios realizan pagos diarios a suplidores, empleados y prestadores de servicios mediante transferencias electrónicas.
En sectores donde los márgenes de ganancia ya son reducidos, cualquier aumento en los costos operativos obliga a replantear presupuestos, ajustar precios o reducir gastos.
La necesidad de transparencia
El Gobierno ha planteado este incremento como parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer los ingresos del Estado. Sin embargo, la ciudadanía también espera respuestas claras.
¿En qué se invertirán los recursos adicionales que recaude este aumento?
¿Se traducirán en mejores servicios públicos, mayor inversión en salud, educación, seguridad e infraestructura?
¿Existen mecanismos para garantizar que esos fondos sean utilizados con eficiencia y transparencia?
Estas son preguntas legítimas que acompañan cualquier reforma tributaria.
Más allá de cinco centésimas
El debate no gira únicamente en torno al incremento del 0.15% al 0.20%. También pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la presión fiscal que enfrentan ciudadanos y empresas, especialmente en un contexto donde el costo de la vida continúa siendo una preocupación para muchas familias dominicanas.
Las autoridades sostienen que el país necesita mayores recursos para financiar el desarrollo y mantener la estabilidad fiscal. En contraste, diversos sectores consideran que antes de crear o aumentar impuestos debe garantizarse una administración eficiente del gasto público, reducir el desperdicio de recursos y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
Lo cierto es que, desde este viernes, cada transferencia bancaria tendrá un costo mayor. Puede parecer una diferencia mínima en una sola operación, pero cuando ese incremento se multiplica por millones de transacciones realizadas cada mes, el impacto económico será significativo tanto para el Estado como para quienes utilizan diariamente el sistema financiero.
FERNANDO CASTILLO
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