El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia investigar la actuación de la jueza que ordenó la entrega de US$20.8 millones a la sociedad Prado Universal Corp, compañía constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente es el español Arturo del Tiempo.
Domínguez Brito, en la misiva enviada al magistrado Mariano Germán Mejía, dice que se debe iniciar una investigación en contra de la actuación de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien también condenó a la Procuraduría al pago de un astreinte de un millón de pesos diarios por cada día de retardo al cumplimiento de dicha sentencia.
Sostuvo que la jueza no tomó en cuenta ninguno de los medios presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha constituido, y que por lo tanto no es susceptible de liquidación ni de exigibilidad.
Expresó que el tribunal le reconoció a los accionantes “ignorando todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión, asumiendo la jueza de manera incomprensible que la ejecución de actuaciones judiciales han perjudicado derechos fundamentales de la impetrante del amparo”.
Domínguez Brito calificó de abusiva la sentencia dictada por la magistrada Reyes Beltré en contra del Ministro de Hacienda, el administrador general del Banco de Reservas y los miembros de su Consejo de Administración, a la Fiscal del Distrito Nacional y a Procuraduría al condenarlo al pago de "sumas absurdas de dinero sino obtemperar al reconocimiento inmediato de unos derechos supuestamente afectados”.
Sostiene que es deber fundamental de todo juez de amparo ponderar, con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes envueltas en la acción.
