El balance del operativo “Conciencia por la Vida, Navidad 2025-2026” dejó al descubierto una realidad tan alarmante como dolorosa: 65 menores de edad resultaron intoxicados por consumo de bebidas alcohólicas durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Más que una estadística, este dato evidencia un serio problema de protección integral hacia la niñez y la adolescencia.
Según el informe oficial, 13 menores fueron afectados en la primera fase del operativo y 52 en la segunda, reflejando un aumento considerable en los incidentes conforme avanzaron las festividades. Las edades de los niños y adolescentes intoxicados oscilan principalmente entre 3, 11 y 17 años, un rango que debería activar todas las alertas de la sociedad. Uno de los casos más estremecedores fue el de un niño de apenas 3 años intoxicado con bebidas alcohólicas, un hecho que plantea preguntas inquietantes sobre la supervisión y el cuidado de los más pequeños.
La Ley 136-03, el Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que los menores tienen derecho a la protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y sicotrópicas, y que el Estado, las familias y la sociedad deben implementar políticas y programas de prevención efectivos para garantizar ese derecho.
Además, esta normativa prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a niños, niñas y adolescentes y la publicidad que pueda promover su acceso o consumo.
Ante la gravedad de los hechos y el riesgo para la salud, la doctora Joanny Ramírez, del Servicio Nacional de Salud (SNS), explicó que todos los casos de menores intoxicados fueron consolidados y remitidos a la Procuraduría General de la República, conforme a los protocolos establecidos, y que la carta oficial con el informe correspondiente fue enviada a primera hora de este jueves.
Si bien la Ley 136-03 no tipifica específicamente la sanción penal por intoxicación de menores, existen interpretaciones jurídicas que señalan la posibilidad de penas de prisión de hasta cinco años para quienes suministren bebidas alcohólicas a menores, así como sanciones para quienes infrinjan las disposiciones legales de protección de la niñez y la adolescencia.
La Navidad, tradicionalmente asociada a valores como el amor, la unión y el cuidado, terminó convirtiéndose para muchos niños en un periodo de riesgo. La cultura de permisividad y el consumo irresponsable cobran un precio alto y los que lo pagan no tienen voz ni capacidad de defensa.
Proteger a la infancia no es solo un mandato legal; es una obligación moral de todas las familias, comunidades y autoridades. Ninguna celebración justifica poner en riesgo la salud y la vida de un menor. Como sociedad debemos asegurar que nuestros valores y acciones estén alineados con la protección integral de los niños y adolescentes, tal como lo consagra la Ley 136-03. Que estas cifras no vuelvan a repetirse depende de todos nosotros: padres, tutores, comerciantes, autoridades y ciudadanos responsables.
Fernando Castillo
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