El gobierno dominicano garantizó que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana será despojada de ella, y señaló que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros abarcará a 24,392 personas que no fueron declaradas con documentos válidos, conforme a las cifras aportadas por la Junta Central Electoral (JCE).
En un informe rendido ayer durante la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, en Ginebra, la delegación dominicana resaltó que el gobierno ha prometido dar prioridad en el otorgamiento de visas de trabajo y de estudios a inmigrantes irregulares que estudian y trabajan en el país.
Aseguró que la ley especial que presentará al Congreso Nacional resolverá la situación de irregularidad en que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en el país y sus descendientes.
El gobierno aprovechó la oportunidad para exponer los efectos de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que ratifica las condiciones para otorgar la nacionalidad dominicana y dio amplios detalles del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que aprobó el Consejo Nacional de Migración, por mandato del TC.
La delegación dominicana puntualizó que conocido el alcance jurídico de la sentencia, el gobierno expresó su respeto a la decisión y a su independencia, razón por la cual la acata, al tiempo de recordar que el presidente Danilo Medina expresó su decisión de preservar los derechos fundamentales y derechos adquiridos las personas que habitan en el territorio.
Precisó que solo con ese plan, el país podría normalizar en los próximos 14 meses el estatus migratorio de miles de personas procedentes de más de 100 países que se encuentran en situación irregular.
Enfatizó que los beneficiarios estarán debidamente informados y que este mes realizarán un programa de difusión y publicidad. La misión informó que el gobierno se compromete a asignar los recursos humanos, técnicos y materiales para agilizar el plan, y que contará con el apoyo de la sociedad civil, iglesias, y organizaciones comunitarias para la identificación de los beneficiarios.
La delegación la integran la vicecanciller Alejandra Liriano; la jefa de la sección de Derechos Humanos de la Cancillería, Rhady Abreu; Josué Fiallo, por el ministerio de la Presidencia; Pablo Medina, ministro consejero, y Katherine Urbáez, ministra consejera de la Misión Permanente ante la ONU-Ginebra.
Varios países, entre ellos Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Cuba felicitaron al país por los avances alcanzados en materia de derechos humanos y otras áreas señaladas por la delegación dominicana.
Fuente: Listín Diario
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