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Indígenas, estudiantes, colectivos de mujeres y de trabajadores son parte de la variopinta multitud indignada que se congregará este sábado en la capital guatemalteca, en vísperas de las elecciones, para advertirles a los candidatos que se acabó la tolerancia con la corrupción.
La movilización se produce apenas tres días después de la renuncia del presidente Otto Pérez, acusado por la justicia de encabezar una red que cobraba sobornos para evadir impuestos aduaneros.
"Esto apenas empieza a restaurar el tejido social. Hemos logrado juntarnos con (indígenas) ixiles, xinkas, campesinos, mujeres, todos los sectores e ideologías con el objetivo de decir 'basta de corrupción' y hoy logramos la renuncia (de Pérez)", dijo a la AFP Isabel Juárez, del colectivo Otra Guatemala Ya, que desde abril participa de las protestas semanales anticorrupción.
Este grupo convocó a sus seguidores a través de redes sociales a participar en la manifestación de este sábado, a la que denominaron "Sepelio Electoral" e irán vestidos de negro, agregó Juárez, de 45 años.
Paralelo al anuncio de la resistencia pacífica a las elecciones, la violencia preelectoral se cobró la vida de un hombre durante una trifulca entre simpatizantes de varios partidos políticos en el pueblo de Santa Bárbara, en el suroeste del país.
El jefe de policía, Rodrigo Salguero, dijo a medios locales que 26 personas fueron detenidas por el incidente, incluido un menor de edad.
Las denuncias de corrupción que estremecen al país desde abril propiciaron una atmósfera de desencanto hacia la política que para algunos analistas podría reflejarse en las urnas.
"Es la primera vez que en Guatemala se percibe un alto índice de abstencionismo; ello debido a las malas administraciones gubernamentales. Creo que habrá mucha gente que no emitirá sufragio", advirtió Reyna de León, representante de ONU Mujeres Guatemala.
Las elecciones del domingo se celebran después de una semana de conmoción en Guatemala: el martes el Congreso levantó la inmunidad del presidente Pérez, quien renunció al cargo un día después cuando el juez Miguel Ángel Gálvez dictó orden de captura en su contra.
- Escándalo expuesto - Entre jueves y viernes, Pérez escuchó en audiencia judicial horas de intervenciones telefónicas y pruebas documentales que, según la Fiscalía, lo incriminan como líder de la red de defraudación fiscal denominada "La Línea", junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
La revelación de esta red en abril pasado por una investigación de la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad (CICIG) desencadenó una ola de protestas.
Según las investigaciones, la red habría recibido sobornos por 3,8 millones de dólares entre mayo de 2014 y abril de 2015, de los cuales Pérez habría recibido 800.000 dólares. El exmandatario rechazó los cargos con vehemencia.
"El Ministerio Público (fiscalía) dice que existe una red criminal denominada La Línea a la cual yo pertenezco, y eso es lo primero que quiero aclarar: yo no pertenezco a esa red criminal", manifestó Pérez ante el juez, que el jueves le dictó orden de prisión provisional.
El exgeneral de 64 años permanecerá detenido en el cuartel militar de Matamoros, en la capital, al menos hasta el martes, cuando el juez Gálvez decidirá si lo procesa por tres cargos de corrupción y ordena su prisión preventiva o declara su inocencia.
El descubrimiento de la red de corrupción opacó el proceso electoral del domingo, en el que los guatemaltecos escogerán a su nuevo presidente, vicepresidente, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
De 14 candidatos postulados, tres aparecen con opciones de ir a una segunda vuelta, que se realizará el 25 de octubre si ninguno alcanza al menos 50% de los votos.
"El que vota siempre tendrá más derecho y más fuerza para reclamar si no le cumplen", aseguró el presidente Alejandro Maldonado, quien relevó a Pérez, al supervisar los operativos de seguridad electoral, entre ellos la aplicacion de la ley seca que comenzó el mediodía del sábado.
- El favorito -
Las últimas encuestas dan como favorito al comediante Jimmy Morales, de 46 años, quien subió en las preferencias del electorado al capitalizar el descontento con la corrupción.
Sin experiencia política y postulado por el derechista Frente de Convergencia Nacional, Morales proclama una política de "puertas abiertas" en su eventual gobierno "para que el pueblo pueda recuperar la confianza en las instituciones".
"Soy el único candidato que hoy por hoy no tiene señalamientos de vinculación con actos de corrupción ni adentro del Estado ni afuera del Estado. También tengo un liderazgo ganado a pulso porque los otros candidatos lo que han tenido son campañas millonarias para dar a conocer un rostro", explicó en una entrevista con la AFP.
Sus más serios contrincantes son el abogado derechista Manuel Baldizón, de 45 años, y la ex primera dama Sandra Torres, de 59.
Ninguno de los tres proyecta más de 25% de apoyo en las encuestas, lo que anticipa esa segunda vuelta electoral en octubre.
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