Fundación Generación Dorada Jinova - San Juan realiza entrega de útiles escolares en Jinova

San Juan - Jinova, R.D. – Por segunda ocasión consecutiva, la Fundación Generación Dorada Jinova San Juan realizó este domingo 17 de agosto de 2025, a las 10 de la mañana, una significativa entrega de útiles escolares a estudiantes de diversas comunidades del distrito municipal de Jinova.

En esta jornada fueron beneficiados alumnos de las comunidades de Jaquimeyes, Sosa, Corbanal y Jinova, a quienes se sumaron, por primera vez, los estudiantes de Loma Verde y San Ramón, ampliando así el alcance del apoyo que brinda la institución.

La entrega estuvo a cargo de diversas comisiones de la Fundación Generación Dorada San Juan, quienes se desplazaron a las distintas localidades para hacer llegar las mochilas, cuadernos, lápices y otros materiales necesarios para el inicio del nuevo año escolar.

Las comunidades favorecidas expresaron su agradecimiento por esta gestión solidaria, resaltando la importancia de este tipo de iniciativas que contribuyen directamente al fortalecimiento de la educación en el distrito municipal de Jinova y sus alrededores.

Con este aporte, la Fundación Generación Dorada reafirma su compromiso social con la niñez y la juventud, apoyando a las familias de escasos recursos y promoviendo oportunidades educativas más equitativas en la región.

Fernando Castillo

Gran Santo Domingo y otras provincias en alerta verde por paso de Erin; franja costera en amarilla

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a diez las provincias en alerta verde por la incidencia del huracán de categoría 5 Erin por territorio nacional, así como colocó alerta amarilla para la franja costera desde La Altagracia hasta Monte Cristi.

En ese sentido, se suman a la alerta Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Se encuentran en esta alerta La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, agregó que adicional a esto queda prohibido que la población se acerque a la costa a ver el oleaje, debido al peligro que implica, así mismo queda prohibido el uso de playas y actividades acuáticas en la costa atlántica.

“Vamos a mantenemos desde este momento en una sesión permanente, el Centro de Operaciones de Emergencia, se activa en su totalidad en los planes de contingencia, de Fuerzas Armadas, de los bomberos, la Defensa Civil, de Obras Públicas, de las distintas alcaldías, todos quedan activados en su máxima expresión, en virtud de una peligrosidad que representa, aunque distante este evento categoría mayor”, expresó Méndez.

De su lado, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN)activó el Comité de Prevención, Mitigación de Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, según precisó la secretaria del ayuntamiento, Elizabeth Mateo.

Esta alcaldía también adoptó otras medidas, entre estas, reforzamiento de la limpieza de imbornales y filtrantes en las avenidas Independencia, Cayetano Germosén, Alma Mater, George Washington y San Martín. Asimismo, en los alrededores del Centro Olímpico, Club Los Prados, Teleantillas y El Huacalito.

De igual forma, en el entorno de la laguna de urbanización Fernández, parque Belisario Curiel, parque Los Praditos, parque Independencia y parque Las Praderas. También en los sectores Piantini y Don Bosco.

Los camiones succionadores y brigadas de barrido y cuneteo han sido desplegados en los puntos críticos de la capital, para aminorar los efectos de las lluvias.

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Herasme, señaló que desde esa entidad tienen 800 hombres a disposición para labores preventivas y para cualquier situación que se presente en el país.

La Defensa Civil dispuso 779 albergues con capacidad de 181,000 personas en las provincias que se encuentra en la zona atlántica y que se encuentran en alerta verde, también han preposicionado embarcaciones para cualquier situación que se presente.

Esta institución además colocará banderas rojas en las playas y balnearios de las provincias que se encuentran bajo alerta por el paso de Erin.

Desde el Institutito Nacional de Recursos Hidraulicos (Indrhi) mantienen reuniones y sesiones permanentes para el monitoreo de las presas que pudieran tener algún efecto con la costa Atlántica, como la presa de Hatillo, Rincón y la presa de Valdesia.

En cuanto a las zonas del Bajo Yuna, Samaná y Monte Cristi, estas han recibido instrucciones especiales para que las maquinarias y equipos que están cercanos a la costa fueran retirados y colocados en lugares seguros por los pronósticos de altos oleajes. 

Fuente: Listin Diario 

Educación explica que maestros eligieron lugar de docencia en banco de elegibles

 El Ministerio de Educación explicó que los profesores que se postularon para formar parte del banco de elegibles a las vacantes del año escolar 2025-2026 lo hicieron de forma voluntaria.

"Todo el que participó fue de manera voluntaria, eso era un proceso de autopostulación. O sea, tú te elegías tú mismo donde tú querías (impartir la docencia)", detalló la entidad.

El Minerd agregó que el proceso para la autopostulación de los candidatos del Registro de Elegibles permitió que cada docente seleccionara, según su interés, más de una opción de distritos educativos con vacantes en el perfil por el que concursó.

La asignación de plazas se efectuó únicamente entre quienes completaron este proceso, sin que se aplicara traslado alguno fuera de este mecanismo voluntario.

Para la primera convocatoria de maestros, Educación dispuso 5,153 plazas disponibles en diferentes regionales y distritos educativos del país. Para la segunda convocatoria, fueron 3,723 las vacantes habilitadas, estas fueron las que no obtuvieron plaza en la primera fase del proceso.

Estas declaraciones fueron ofrecidas tras las denuncias presentadas por las seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) de las provincias Santiago Rodríguez y La Vega.

Fuente: Listin Diario

Padre Norberto Rosario: la disciplina como pilar de la educación

En tiempos donde la disciplina escolar parece ceder ante modas y relajación de normas, el sacerdote Norberto Antonio Rosario Ovalle, párroco de la iglesia San Francisco de Asís en María Trinidad Sánchez y director de un centro educativo de secundaria, ha levantado la voz con firmeza y claridad. Sus declaraciones, que se han hecho virales en redes sociales, no son simples advertencias: son un llamado urgente a rescatar valores que nuestra juventud necesita.

Un líder que no teme decir lo que piensa

Con 25 años de vida sacerdotal, el padre Norberto no es ajeno a las controversias. Su trayectoria está marcada por la defensa de los más vulnerables y la denuncia de injusticias. Ha enfrentado desalojos ilegales, alzado la voz contra el microtráfico y reclamado decisiones judiciales que afectan a jóvenes. Siempre con un estilo directo, firme y sin miedo a incomodar.

Normas claras para el nuevo año escolar

El sacerdote, basándose en el convenio entre el Ministerio de Educación y la Iglesia, ha establecido reglas precisas para el año escolar 2025-2026:

• No se permitirán “pajones” ni cortes de cejas llamativos.

• Corte de cabello sobrio, como ejemplo de orden.

• Ingreso máximo a las 7:45 a.m., sin excepciones.

Además, él mismo estará en la puerta para garantizar el cumplimiento. “Que no venga ningún papá a reclamar después y mucho menos el distrito”, señaló sin titubeos.

¿Por qué estas medidas son necesarias?

Quienes critican estas decisiones olvidan que la escuela no es solo un lugar para transmitir conocimientos, sino para formar ciudadanos responsables, con hábitos que les sirvan para toda la vida. La puntualidad enseña compromiso; la presentación personal refleja respeto por uno mismo y por los demás; y las normas claras evitan el desorden que tanto daño hace al ambiente escolar.

Estoy plenamente de acuerdo con lo que plantea el padre Norberto. La educación de calidad necesita disciplina, límites claros y coherencia entre lo que se enseña y lo que se exige. La permisividad excesiva ha llevado a que en muchos centros educativos la autoridad se vea debilitada y el respeto se pierda.

El sacerdote no busca imponer por capricho, sino formar jóvenes con criterio, responsabilidad y valores. Su firmeza es, en realidad, una muestra de amor y compromiso hacia sus estudiantes y hacia el futuro de nuestra sociedad.

En un país que necesita urgentemente ciudadanos íntegros y trabajadores, medidas como estas no solo son correctas, sino imprescindibles.

FERNANDO CASTILLO

¿Qué país queremos si no respetamos nuestros símbolos patrios?

La República Dominicana, nación forjada a base de luchas, sacrificios y un profundo amor por la libertad, cuenta con tres símbolos patrios que representan su historia, identidad y soberanía: la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. Estos no son simples adornos o piezas decorativas, sino emblemas sagrados que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando estos símbolos son ultrajados? ¿Qué consecuencias puede enfrentar un pueblo que permite que sus más altos emblemas sean manipulados, ridiculizados o tergiversados?

La Constitución Dominicana, en su artículo 33, establece con claridad que el Himno Nacional, composición musical de José Reyes con letra de Emilio Prud’Homme, es único e invariable. No hay margen para modificaciones, adaptaciones o reinterpretaciones que alteren su esencia. De igual forma, la Ley 210-19 prohíbe de manera explícita cambiar su letra, su tiempo musical, bailarlo mientras es interpretado o convertirlo en una pieza bailable. Las sanciones para quienes incurran en estas acciones van desde prisión de uno a tres meses, hasta multas significativas.

No obstante, más allá de las leyes, la verdadera pregunta es: ¿hemos perdido el respeto y el valor que otorgamos a nuestros símbolos?

Recientemente, un colectivo LGBT sustituyó las letras originales del Himno Nacional por una versión que promueve su inclusión, según ellos. Este hecho, difundido en redes sociales, ha provocado la indignación de autoridades y ciudadanos. El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, anunció que emprenderán acciones legales contra este acto, calificándolo como un ultraje que cruza los límites del respeto.

Ciertamente, toda comunidad tiene derecho a la libertad de expresión y a la defensa de sus derechos, pero ¿esa libertad incluye modificar un símbolo patrio? ¿Puede un reclamo social justificar la alteración de un himno que pertenece a toda la nación?

No se trata de rechazar la lucha por la igualdad, sino de reconocer que existen límites que no pueden ser transgredidos sin que se ponga en riesgo el sentido de unidad nacional. El Himno Nacional no es un lienzo en blanco para reinterpretaciones artísticas ni una herramienta propagandística; es un símbolo que debe inspirar respeto, solemnidad y orgullo.

Si hoy aceptamos que se cambie la letra del himno, mañana podríamos aceptar que se modifique la bandera o el escudo según la ideología de turno. Y entonces, ¿qué quedará de nuestra identidad como dominicanos?

Respetar los símbolos patrios no es un acto de nacionalismo vacío, sino una forma de preservar la memoria histórica y la esencia que nos une como pueblo. Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿defenderemos lo que nos representa o permitiremos que se diluya entre polémicas y modas pasajeras?

Porque cuando se pierde el respeto por los símbolos patrios, no solo se ultraja un himno, una bandera o un escudo; se ultraja también la dignidad de la nación entera.

FERNANDO CASTILLO

Promulgación del nuevo Código Penal marca un hito en la justicia dominicana

En un hecho histórico para el sistema de justicia dominicano, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, luego de su aprobación definitiva por el Congreso Nacional el pasado jueves. Esta nueva legislación, que sustituye un marco jurídico vigente desde 1884, entrará en vigor en agosto de 2026, marcando el inicio de una nueva era penal en el país.

La Ley 74-25, que contiene el nuevo código, representa no solo una modernización legal necesaria, sino también una apuesta por un sistema de justicia más eficaz, justo y adaptado a las realidades del siglo XXI. Entre sus principales innovaciones, se incluyen la tipificación de delitos hasta ahora ignorados o poco desarrollados, como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, y fenómenos más recientes como la difusión de deepfakes con fines de chantaje.

Este nuevo marco legal también reconoce la gravedad de delitos como la instigación al suicidio, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de la justicia, y castiga con mayor severidad prácticas que antes carecían de sanciones adecuadas, como la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja. Se establece además la posibilidad de cúmulo de penas y se eleva la pena máxima de prisión a 40 años, un cambio que responde a la creciente complejidad y violencia de ciertos delitos.

Pero más allá del castigo, el nuevo Código Penal también introduce una perspectiva preventiva y resocializadora, al incorporar medidas sociojudiciales como el registro de agresores sexuales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condena y programas de reeducación para la reinserción social. Este enfoque refleja un cambio importante en la visión de la justicia: ya no basta con castigar, sino que es necesario transformar.

En este sentido, es justo reconocer que la promulgación del nuevo código constituye un avance significativo frente al modelo penal anterior, que por su antigüedad, resultaba inadecuado para combatir nuevas formas de criminalidad. No obstante, el verdadero desafío será su implementación efectiva: que no se quede en letra muerta, y que tanto jueces como fiscales, policías y operadores del sistema cuenten con la formación, los recursos y la voluntad institucional para aplicar la ley con rigor y sensibilidad.

Uno de los puntos más aplaudidos es la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que permite sancionar a empresas o instituciones que, a través de sus representantes, cometan actos delictivos. También se fortalecen las órdenes de protección para víctimas de violencia de género e intrafamiliar, lo que supone una mejora importante en términos de prevención y protección.

Por otro lado, la lucha contra la corrupción administrativa también gana terreno: se amplían los plazos de prescripción, se endurecen las sanciones y se establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes incurran en este delito. Del mismo modo, se extienden los plazos para denunciar delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta 30 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad, lo que reconoce el trauma prolongado que sufren las víctimas y las dificultades para denunciar en tiempo oportuno.

Desde la Presidencia se destacó que este nuevo cuerpo legal dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho. Se reconoce que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, lo cual representa un cambio de paradigma en la gestión de la justicia.

Si bien es cierto que la normativa fue promulgada dejando fuera las tres causales del aborto, una demanda de importantes sectores sociales y defensores de los derechos de la mujer, lo cual sigue generando preocupación y mantiene abierto el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país, no puede negarse que el nuevo Código Penal constituye un excelente avance en materia penal. La República Dominicana deja atrás un marco normativo del siglo XIX para dar paso a un modelo más moderno, más humano y más acorde a los desafíos actuales.

Con esta promulgación se da un paso decisivo hacia un sistema penal más justo y efectivo. Resta ahora que este nuevo código no solo exista en los textos, sino que se traduzca en una justicia accesible, imparcial y verdaderamente transformadora para todos los ciudadanos.

FERNANDO CASTILLO UREÑA

La salud mental no tiene clase social: un llamado urgente a la prevención y el acceso

 

La reciente tragedia ocurrida en un condominio del sector Naco, donde una mujer perdió la vida y cinco personas resultaron heridas a manos de un joven con historial psiquiátrico, ha puesto sobre la mesa una realidad que por años ha sido ignorada o minimizada: la salud mental necesita atención, inversión y cobertura real en todos los niveles del sistema de salud.

Jean Andrés Pumarol Fernández, identificado como el agresor, llevaba años bajo tratamiento por un diagnóstico psiquiátrico. Su familia ha reconocido públicamente lo desgarrador del momento que viven y ha compartido que, pese al seguimiento médico, su condición se deterioró hasta convertirse en tragedia. Lo que para muchos parecía un incidente aislado, refleja en realidad una problemática creciente que afecta por igual a personas de clase alta y baja, y que no discrimina entre género, edad o estatus económico.

Un problema silencioso que afecta a todos

La salud mental no es un lujo, ni un tema exclusivo de ciertos sectores. Cada día se reportan más casos de depresión, ataques de pánico, ansiedad, esquizofrenia, trastornos de la personalidad y otras condiciones que, sin el acompañamiento adecuado, pueden escalar a niveles de peligro para el propio paciente y para los demás.

La diferencia muchas veces radica en el acceso: mientras algunas personas pueden pagar consultas privadas y tratamientos prolongados, otras simplemente no reciben atención porque no pueden costearla. Pero incluso en los sectores con más recursos, como evidencian casos como el de Jean Andrés, el estigma, la negligencia institucional y la falta de cobertura en los seguros médicos siguen siendo barreras enormes.

Las aseguradoras deben asumir su responsabilidad

Es inaceptable que en pleno 2025, la mayoría de las aseguradoras dominicanas no incluyan cobertura completa para servicios de salud mental. Psiquiatras, psicólogos, medicamentos y terapias deben estar disponibles y accesibles para todos los afiliados, sin importar el plan que tengan. La salud mental debe dejar de ser vista como un extra opcional y pasar a ser un pilar del bienestar integral de cada persona.

La inclusión de estos servicios en los catálogos de aseguradoras no solo es una necesidad médica, sino una responsabilidad social. Invertir en salud mental es prevenir tragedias, es cuidar familias, comunidades y evitar que episodios como el de Naco se repitan.

Un llamado urgente a la acción y a la empatía

Este es un llamado a quienes sienten tristeza profunda, ansiedad constante, pensamientos oscuros, miedo irracional o simplemente algo “no está bien”: no están solos. Hablar, pedir ayuda, ir al psiquiatra o al psicólogo no es signo de debilidad, sino de valentía. Buscar apoyo profesional es el primer paso para sanar, prevenir y vivir mejor.

También es un llamado a las instituciones, al Estado, a las aseguradoras y a la sociedad en general: la salud mental es una prioridad nacional. Que esta tragedia sirva como espejo y como impulso para exigir cambios reales.

Porque prevenir es siempre mejor que lamentar. Y porque la salud mental también es vida.

FERNANDO CASTILLO 

El Congreso agrega un ministerio a los existentes: convierte en ley el Ministerio de Justicia

 

El Senado de la República aprobó este miércoles, en una única lectura, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, con el objetivo de asignarle las atribuciones administrativas del sistema judicial.

De esta manera, la pieza fue convertida en ley, quedando solo a la espera de ser promulgada durante los próximos 10 días por el Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Luis Abinader.

A pesar de las medidas de austeridad que implementa la actual gestión gubernamental, esta decisión del Poder Legislativo, representado en su mayoría por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), agregaría un ministerio a los existentes.

La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 de noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido —en ese momento identificado como Secretaría de Justicia— transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, para los congresistas redactores del documento legislativo, “cada vez más se manifiesta la necesidad institucional” de delimitar las atribuciones de persecución criminal que caracterizan al Ministerio Público, separándolas de asignaciones “meramente funcionales y administrativas”.

Por lo que, según los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.

FUENTE: LISTIN DIARIO

Senado aprueba en segunda lectura el Código Penal sin las causales, y el proyecto pasa a los diputados

El Senado de la República aprobó este lunes a unanimidad, en segunda discusión, el proyecto de ley que busca reformar el Código Penal del país, sin la despenalización del aborto bajo tres causales excepcionales.

Los 28 senadores presentes se colocaron de pie en el hemiciclo para de esa forma votar a favor y así  enviar la pieza a la Cámara de Diputados, que deberá conocerlo antes del cierre de la legislatura, pautado para este próximo sábado 26 de julio.

La aprobación en la Cámara Alta se da luego de que los legisladores tomaran varios días conociendo y discutiendo las propuestas de modificaciones enviadas por el Ministerio Público la pasada semana.

El proyecto pasa ahora a manos de los diputados quienes deben de aprobar el anteproyecto de ley en dos lecturas consecutivas antes de este sábado y remitida al Poder Ejecutivo; si los miembros de la Cámara Baja realizan algún tipo de modificación a lo remitido desde el Senado, el nuevo código tendrá que volver a manos de los senadores.

FUENTE: LISTIN DIARIO

La playa El Quemaíto: Un paraíso en el sur de la República Dominicana

 

Barahona, R.D. — En el corazón del litoral sur dominicano se encuentra la playa El Quemaíto, un verdadero paraíso natural que combina aguas cálidas y cristalinas, piedras blancas relucientes y un entorno montañoso que enamora a quien lo visita. Ubicada a tan solo 12 kilómetros de la ciudad de Barahona, es uno de los destinos más accesibles y atractivos para los residentes y turistas que desean disfrutar del mar Caribe.

Su nombre, “El Quemaíto”, proviene de una característica singular: las piedras de la playa, al estar expuestas al sol caribeño durante horas, alcanzan temperaturas tan altas que pueden llegar a quemar los pies. Por ello, es común que los visitantes lleven calzado adecuado para caminar con comodidad por su orilla pedregosa.

El lugar destaca por su tranquilidad, aun cuando es bastante concurrido por su cercanía a la ciudad. La frescura de sus aguas y la paz del ambiente la convierten en un sitio perfecto para pasar el día, descansar bajo el sol o nadar en sus aguas limpias y serenas. Además, su proximidad a un puerto de pescadores le da un encanto particular, donde la vida costera y la naturaleza conviven en armonía.

Sin embargo, la belleza de El Quemaíto se ve afectada por una situación preocupante: la acumulación de basura en sus alrededores. A pesar de la riqueza natural del lugar, es común encontrar desechos sólidos como fundas plásticas, botellas y residuos dejados por algunos visitantes, lo que afecta no solo la imagen del balneario, sino también su ecosistema.

Vecinos de la zona, grupos comunitarios y activistas ambientales han manifestado su inquietud ante esta situación, exigiendo mayor vigilancia, educación ambiental y acciones efectivas de parte de las autoridades para garantizar la limpieza y conservación del área.

La playa El Quemaíto tiene todo para ser un referente del turismo ecológico en la región sur del país. Pero su preservación requiere conciencia, respeto y acción. Proteger este paraíso es una tarea que nos compromete a todos.

FERNANDO CASTILLO

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que el próximo 16 de agosto depositará ante el Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a sentar las bases para la transformación y consolidación de la reforma de la Policía Nacional.

El anuncio lo hizo durante el acto inaugural de la Octava Reunión de Ministros en materia de Seguridad Pública de las Américas (VIII MISPA), que se celebra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con República Dominicana como país anfitrión.

El congreso internacional fue convocado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Abinader explicó que la reforma no puede ser un nombre ni puede ser un proyecto: “La reforma tiene que ser parte e involucrar al gobierno, desde su presidente, y también a todo el liderazgo del gobierno y a toda la dirección policial”.

El jefe del Estado agregó que la reforma policial la ha llevado a tres ejes: educativo, operativo y administrativo.

Como parte de la transformación que ha registrado la Policía Nacional, el mandatario también afirmó que en su administración se han construido unas 72 nuevas estaciones de policía, con imágenes renovadas de proximidad y servicio, y equipamiento esencial para el patrullaje.

Casi ha triplicado los salarios y los beneficios laborales desde el 2020, subrayó.

Exhorta a no bajar la guardia contra la criminalidad

El presidente Abinader exhortó este miércoles a no bajar la guardia en la lucha contra la criminalidad, resaltando que “el crimen no duerme”.

Advirtió que, a pesar de los avances alcanzados en materia de seguridad ciudadana, el gobierno no bajará la guardia frente a la delincuencia.

"Este logro nos inspira, pero también nos recuerda, con humildad y sensatez, que el crimen no duerme y que jamás podemos bajar la guardia. Y, aún con esa tasa, nosotros le damos seguimiento día a día, semana tras semana.

El jefe del Estado dijo que el país cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 9.6 por cada 100 mil habitantes, y una reducción a 8.2 en la última semana de junio de 2025.

Abinader dijo que hoy más que nunca los países hermanos de América deben unir fuerzas y renovar la determinación que las sociedades esperan de sus países.

"Necesitamos sus líderes, necesitamos acciones conjuntas, sostenibles e innovadoras para enfrentar amenazas y desafíos complejos de seguridad y crimen organizado", apuntó el mandatario.

FUENTE: LISTIN DIARIO

Un paso adelante en la comunicación móvil: Jinova celebra cobertura total de Claro

Jinova, 12 de julio de 2025 – Este día marca un avance significativo para la comunicación móvil en el distrito de Jinova. Según reportes Obtenidos por esta plataforma informativa, por primera vez la comunidad disfruta de una cobertura de datos móviles perfecta en todo el territorio, gracias a inverversion de la empresa Claro.

Este logro es el resultado de una lucha constante de los residentes, quienes por meses y años  alzaron su voz mediante cartas, publicaciones en redes sociales, mensajes en estados de WhatsApp y múltiples reclamos colectivos. La presión de la comunidad finalmente dio sus frutos, demostrando que cuando un pueblo se une por una causa justa, los resultados llegan.

“La señal ahora es excelente. Ya no tenemos que subir cerros ni salir al patio para enviar un mensaje o una foto”, comentó una vecina de la zona. La conexión estable ha mejorado no solo la comunicación personal, sino también las oportunidades laborales, educativas y comerciales de los habitantes.

No obstante, desde "Las Actualizadadas de Jinova"  hacemos un llamado urgente a las demás compañías de telecomunicaciones, específicamente Viva y Altice, para que sigan el ejemplo de Claro y trabajen en mejorar su cobertura en la comunidad. Los jinoveros merecen igualdad de acceso, sin importar la compañía que elijan.

Este 12 de julio del 2025 será recordado como un antes y un después en la historia tecnológica del distrito. Pero la lucha continúa, hasta que todas las operadoras brinden un servicio digno a cada rincón de Jinova.

FERNANDO CASTILLO 

¿Por qué tantos dominicanos arriesgan su vida para llegar a Puerto Rico, una nación en crisis?

La madrugada del jueves, una nueva tragedia sacudió las costas dominicanas cuando una yola, con al menos 40 personas a bordo, naufragó frente a las playas de Juanillo, en la provincia La Altagracia. El objetivo: llegar ilegalmente a Puerto Rico. Hasta el momento, se han recuperado dos cuerpos sin vida, otros dos han sido localizados pero aún no extraídos del mar, y 13 personas fueron rescatadas con vida. Se estima que alrededor de 20 continúan desaparecidas.

Lo que más llama la atención no es solo la tragedia en sí, sino el destino elegido: Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, que atraviesa una aguda crisis económica, social y migratoria. ¿Por qué entonces tantos dominicanos arriesgan su vida para llegar a una isla cuyas condiciones objetivas no son necesariamente mejores?

Una paradoja nacional

Lo paradójico es que las estadísticas oficiales sitúan a la República Dominicana entre las economías más dinámicas de América Latina. Organismos como el Banco Mundial y la CEPAL han resaltado el crecimiento económico sostenido del país en la última década, con tasas por encima del promedio regional, inversión extranjera creciente, turismo en expansión y mejoras en la estabilidad macroeconómica.

Y, sin embargo, la migración irregular sigue aumentando. Decenas de personas se lanzan al mar cada mes para intentar llegar a Puerto Rico, pagando entre 5,000 y 7,000 dólares a redes de tráfico humano. La contradicción es evidente y alarmante: ¿Cómo puede una nación que presume de estabilidad económica expulsar por desesperación a tantos de sus ciudadanos?

¿En qué han fallado las autoridades dominicanas?

Este fenómeno revela que el crecimiento económico no ha sido inclusivo ni ha llegado a todos por igual. Las autoridades actuales han fallado en varios aspectos fundamentales:

• Persisten altos niveles de pobreza y desigualdad, sobre todo en zonas rurales y barrios marginados.

• La falta de acceso real a empleos dignos y educación de calidad empuja a jóvenes a buscar futuro fuera del país.

• Las costas están mal vigiladas, facilitando las operaciones de mafias que lucran con el tráfico humano.

• La población carece de confianza en las instituciones y no siente que haya oportunidades para progresar por la vía formal.

• No hay campañas efectivas de concientización, ni estrategias sólidas para frenar el flujo migratorio irregular.

Es decir, mientras las cifras macroeconómicas lucen bien en los informes, la realidad en muchos sectores del país es otra.

Puerto Rico: ¿tierra prometida o ilusión peligrosa?

Puerto Rico no representa, en sentido estricto, un futuro garantizado. La isla sufre una profunda crisis económica desde hace años, con una deuda pública impagable, servicios públicos deteriorados y una población que emigra en masa hacia Estados Unidos continental. Aun así, cientos de dominicanos e incluso haitianos lo ven como una salida posible.

El problema, entonces, no es solo económico, sino de percepción, de desesperanza, de falta de oportunidades reales y de abandono institucional.

El rostro humano de la tragedia

La yola que naufragó era una embarcación improvisada, sin medidas mínimas de seguridad. Zarpó en condiciones marítimas adversas, ignorando advertencias del COE. El rescate fue encabezado por la Armada Dominicana con apoyo de varias instituciones, pero el verdadero drama comenzó mucho antes, cuando cada uno de esos pasajeros decidió pagar miles de dólares para subirse a esa frágil embarcación en busca de un sueño.

Un llamado urgente a la verdad y a la acción

Es tiempo de dejar de hablar únicamente de crecimiento económico en términos abstractos. Un país que expulsa a sus ciudadanos no está verdaderamente en desarrollo. La gente no huye de la prosperidad, huye de la desigualdad, la indiferencia estatal, la inseguridad y la falta de dignidad.

Las autoridades tienen una deuda pendiente con su pueblo: hacer que el desarrollo se sienta en cada comunidad, en cada familia, en cada joven que hoy piensa que la única salida está en el mar.

Fernando Castillo 

Rescatan a 17 personas tras naufragio en costas de La Altagracia

Las autoridades dominicanas y pescadores locales rescataron a 17 personas tras el naufragio de la embarcación en la que intentaban viajar de forma ilegal hacia Puerto Rico. 

El incidente ocurrió frente a las costas de Juanillo, en la provincia La Altagracia, en horas de la madrugada de este viernes.

Entre los rescatados figuran 10 dominicanos y siete haitianos, quienes se encuentran estables, según información preliminar ofrecida por la Armada.

Buscan a más personas

Tras la intervención de la Armada Dominicana, la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y miembros de la comunidad pesquera, los ocupantes fueron llevados a tierra firme, donde recibieron atención médica inmediata.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona para descartar la posibilidad de que haya más personas en el agua.

No dejarse engañar

La Armada reiteró su compromiso con la seguridad en las aguas jurisdiccionales del país y llamó a la población a no dejarse engañar por redes dedicadas al tráfico ilegal de personas, que ponen en grave peligro la vida de quienes se embarcan en este tipo de travesías.

Fuente: Diario Libre 

Empresa de seguridad pagó más de RD$100 millones en sobornos para ser contratadas en instituciones públicas

 

La empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) pagó al menos ciento ocho millones de pesos (RD$ 108,000,000.00) en sobornos a varias instituciones del Estado en cambio de lograr ser contratadas por estas.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público contra los implicados en una estructura de corrupción administrativa compuesta por militares y civiles, la empresa pagó esos 108 millones a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte Dominicana, S.A, Edesur y Edeeste.

“Estas instituciones públicas fueron tomadas por la estructura criminal para drenar fondos públicos”, resalta el documento.

Las autoridades indican que entre el 2012 y los primeros meses de este 2025 se distribuyeron sobornos a los servidores de esas instituciones que laboraran, o estuvieran relacionados, con las áreas de contrataciones adjudicadas y la supervisión de la recepción de los servicios brindados. Esos pagos ilícitos se realizaron tanto mediante transferencias bancarias como por entrega de dinero en efectivo

“En el proceso de investigación hemos identificado, a partir de las transacciones financieras obtenidas hasta el momento, que empresas adjudicatarias de contratos de servicios de seguridad, para poder ser beneficiadas de los mismos y lograr brindar los servicios contratados, entregan a funcionarios públicos vinculados al proceso de contratación entre el 5 % y el 10 % del total de cada factura que les paga el Estado dominicano”, reseña el documento que consta de 450 páginas, compuestas por decenas de pruebas testimoniales, documentales y materiales.

El Ministerio Público asegura que los funcionarios imputados, que eran los responsables de supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar la correcta ejecución de los servicios contratados, recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de estos sin objeciones ni fiscalización efectiva.

“Este esquema de soborno generó una completa subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados, la sumisión de los directores del departamento de seguridad de las instituciones contratantes y facilitó que los imputados desplegaran una serie de prácticas ilícitas orientadas a beneficiar deliberadamente a ciertas empresas de seguridad privada, en detrimento del interés público. Estas conductas incluyeron la omisión de deberes de control, la tolerancia de irregularidades y la protección activa de las empresas favorecidas, todo con el propósito de mantener los contratos vigentes y seguir obteniendo beneficios económicos personales mediante el cobro sistemático de sobornos”, explica el documento.

Las autoridades señalan que los pagos de los sobornos no se limitaban a una fase específica del proceso, sino que contaminaban todas las etapas de la contratación desde la elaboración de los términos de referencia y los pliegos de condiciones, la evaluación de ofertas, la adjudicación de contratos, hasta su ejecución, supervisión y renovación.

“Esta trama de corrupción operaba como un mecanismo, donde los pagos ilícitos eran requeridos por distintos funcionarios vinculados a las contrataciones y los encargados de la seguridad física de las entidades afectadas, y se entregaban directamente o a través de intermediarios”, indica.

Implicados

Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos del Ejército.

También se incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, así como al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Medida de coerción

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para las dos de la tarde del lunes el conocimiento de la medida de coerción; el Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo y prisión preventiva para todos los involucrados.

FUENTE: LISTIN DIARIO