Raúl Alejandro Girón Jiménez reveló que entregaba, por “concepto de inteligencia”, medio millón de pesos en efectivo al general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Listín Diario tuvo acceso exclusivo al interrogatorio que le practicaron los fiscales al imputado Girón Jiménez, donde reveló cómo, supuestamente, se realizaban los pagos.
Girón Jiménez dijo que mensualmente recolectaba cerca de tres millones de pesos por nómina y que por concepto de inteligencia entregaba a Torres Robiou 500,000 pesos al mes pero que la cantidad podía ascender o disminuir.
“Por Inteligencia el monto promedio de quinientos mil pesos (RDS, 5000,000.00) que se te entregaba en efectivo al general Juan Carlos Torres Robiou, debo decirles que podía ser mucho menor un mes o mucho mayor otro, pero en promedio anual eran aproximadamente quinientos mil pesos mensual (RDS 500,000.00).
Los de las raciones alimenticias eran aproximadamente cuatro millones trescientos mil y pico de pesos al mes”, declara en la pregunta número 11 sobre a cuánto ascendía el promedio mensual recolectado en el Cestur.
Dijo que al entrar Juan Carlos Torres Robiou al Cestur lo designa como “Encargado de Nómina” y para el 2017 fue designado como “director de Informática y Tecnología” y en adicción a eso era Subdirector de Sueldos.
Aseguró que como parte de las evidencias fraudulentas que se realizaban en el Cestur, está un recibo de RD$54,448 a nombre de Evento Azur que se hizo para pagar una actividad del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de que se entregaron dos millones de pesos en efectivo para comprar un cheque de administración.
“En la galería de fotos (de un Iphone 8 confiscado por el ministerio público) podrán encontrar varias fotos que evidencian que el general Robiou en enero del año dos mil veinte (2020), me dijo que fuera a su casa, donde él vivía, que su esposa me iba a entregar dos millones de pesos en el Regata Residense, del sector Renacimiento, una vez la esposa del general, Greby Cuello. El general me dijo que fuera donde ella, que me daría las instrucciones y efectivamente ella me entregó dos millones de pesos (RDS 2,000,000.00) en efectivo y me ordenó comprar un cheque de administración a nombre de Evento Azur, eso fue para pagar una actividad del Ministerio Administrativo de la Presidencia, ese cheque yo se lo entregue en recepción de esa empresa, es decir Evento Azur y ellos me entregaron un recibo por un valor de cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho dólares (RD$54,448.00), si ustedes analizan esas evidencias verán las diferencias entre el cheque y el recibo”, dice.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, indicó que el apartamento que señala el Ministerio Público que él le alquilaba Torres Robiou, es propiedad del exdirector del Cestur y se crearon documentos falsos para hacer creer esa realidad.
“Todo eso era para disfrazar lo del apartamento del general Director CESTUR, Torres Robiou, quien funge como inquilino, pero es el propietario, ese apartamento no es de Rossy ni tampoco yo aporté ningún peso, ni a mí nadie me debe nada de ese apartamento, ni mucho menos a mi padre, reitero que nunca le he prestado ni un peso a nadie. En el caso mío yo lo lavaba a nombre de otro, lo hacía para mí, pero no puedo cuantificarlo con exactitud, pero mi dinero está ahí”, aseguró.
En este interrogatorio realizado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, Girón Jiménez explica cuáles eran sus funciones en el supuesto entramado y revela cómo se realizaba el mismo.
Este lunes, a las 11:00 de la mañana, la jueza Kenya Romero dará a conocer su decisión sobre la solicitud de prisión preventiva en el caso Coral contra el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres; el coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y su hijo, Tenner Flete, el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, y el mayor Raúl Girón, contra quien el ministerio público varió la medida y solicitó arresto domiciliario con vigilancia e impedimento de salida del país.
