En un hecho histórico para el sistema de justicia dominicano, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal, luego de su aprobación definitiva por el Congreso Nacional el pasado jueves. Esta nueva legislación, que sustituye un marco jurídico vigente desde 1884, entrará en vigor en agosto de 2026, marcando el inicio de una nueva era penal en el país.
La Ley 74-25, que contiene el nuevo código, representa no solo una modernización legal necesaria, sino también una apuesta por un sistema de justicia más eficaz, justo y adaptado a las realidades del siglo XXI. Entre sus principales innovaciones, se incluyen la tipificación de delitos hasta ahora ignorados o poco desarrollados, como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica, la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, y fenómenos más recientes como la difusión de deepfakes con fines de chantaje.
Este nuevo marco legal también reconoce la gravedad de delitos como la instigación al suicidio, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad, el autosecuestro, la falsa denuncia, la obstrucción de la justicia, y castiga con mayor severidad prácticas que antes carecían de sanciones adecuadas, como la violación sexual dentro del matrimonio o en relaciones de pareja. Se establece además la posibilidad de cúmulo de penas y se eleva la pena máxima de prisión a 40 años, un cambio que responde a la creciente complejidad y violencia de ciertos delitos.
Pero más allá del castigo, el nuevo Código Penal también introduce una perspectiva preventiva y resocializadora, al incorporar medidas sociojudiciales como el registro de agresores sexuales, la vigilancia posterior al cumplimiento de condena y programas de reeducación para la reinserción social. Este enfoque refleja un cambio importante en la visión de la justicia: ya no basta con castigar, sino que es necesario transformar.
En este sentido, es justo reconocer que la promulgación del nuevo código constituye un avance significativo frente al modelo penal anterior, que por su antigüedad, resultaba inadecuado para combatir nuevas formas de criminalidad. No obstante, el verdadero desafío será su implementación efectiva: que no se quede en letra muerta, y que tanto jueces como fiscales, policías y operadores del sistema cuenten con la formación, los recursos y la voluntad institucional para aplicar la ley con rigor y sensibilidad.
Uno de los puntos más aplaudidos es la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que permite sancionar a empresas o instituciones que, a través de sus representantes, cometan actos delictivos. También se fortalecen las órdenes de protección para víctimas de violencia de género e intrafamiliar, lo que supone una mejora importante en términos de prevención y protección.
Por otro lado, la lucha contra la corrupción administrativa también gana terreno: se amplían los plazos de prescripción, se endurecen las sanciones y se establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos a quienes incurran en este delito. Del mismo modo, se extienden los plazos para denunciar delitos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables hasta 30 años después de que la víctima cumpla la mayoría de edad, lo que reconoce el trauma prolongado que sufren las víctimas y las dificultades para denunciar en tiempo oportuno.
Desde la Presidencia se destacó que este nuevo cuerpo legal dota al sistema penal dominicano de herramientas modernas para enfrentar la criminalidad en todas sus formas, en consonancia con los principios de un Estado social y democrático de derecho. Se reconoce que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad, lo cual representa un cambio de paradigma en la gestión de la justicia.
Si bien es cierto que la normativa fue promulgada dejando fuera las tres causales del aborto, una demanda de importantes sectores sociales y defensores de los derechos de la mujer, lo cual sigue generando preocupación y mantiene abierto el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país, no puede negarse que el nuevo Código Penal constituye un excelente avance en materia penal. La República Dominicana deja atrás un marco normativo del siglo XIX para dar paso a un modelo más moderno, más humano y más acorde a los desafíos actuales.
Con esta promulgación se da un paso decisivo hacia un sistema penal más justo y efectivo. Resta ahora que este nuevo código no solo exista en los textos, sino que se traduzca en una justicia accesible, imparcial y verdaderamente transformadora para todos los ciudadanos.
FERNANDO CASTILLO UREÑA
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